Foment del Treball no tiene intención de limitarse a criticar las propuestas fiscales y de vivienda del Govern. La patronal catalana ha decidido también pasar a la acción y reunirse con los grupos parlamentarios para proponer "mejoras y correcciones a las políticas económicas y fiscales del ejecutivo de Salvador Illa". La entidad que preside Josep Sánchez Llibre asegura que pretende incidir en el debate público para que el Parlament encuentre "fórmulas y sumas" que ayuden a la economía productiva "y no la frenen o la reduzcan como hasta ahora". Asimismo, reclama una reacción política e institucional para restablecer el respeto al derecho fundamental a la propiedad y el derecho de empresa.
"Fruto de la aritmética parlamentaria el ejecutivo del president Salvador Illa está marcando una agenda con un fuerte componente intervencionista y falto del más elemental ejercicio de diálogo con los sectores donde se aplica las medidas", advierte Foment a través de un comunicado hecho público este jueves en que anuncia que constituirá e impulsará una comisión de trabajo con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Catalunya para "proponer y valorar mejoras a las políticas económicas y fiscales del Govern".
Decreto de vivienda
La patronal catalana señala como ejemplos de lo que tilda de asfixia premeditada sobre el empresariado en Catalunya la duplicación de la tasa turística o la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales -"constituye de facto una pena económica encubierta a los propietarios que optan por no alquilar sus inmuebles, sino venderlos", denuncia-. La mayor parte de las críticas, sin embargo, se concentran en el decreto 2/2025 sobre medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, que Sánchez-Llibre describe como "el ataque mayor a la propiedad privada y a la libertad de empresa que se ha producido en España desde la restauración de la democracia". Según, Foment en lugar de corregir las disfunciones del mercado, este decreto, que se tendrá que tramitar como proyecto de ley, criminaliza la propiedad privada, bloquea la libertad de empresa y erosiona la seguridad jurídica.
Esta iniciativa del Govern sobre vivienda, aprobada por el Consell Executiu el pasado 25 de febrero, provocó un toque de atención del Consell de Garantías Estatutàrias que advirtió que no cumple la "necesidad extraordinaria y urgente" para aprobarse a través de un decreto, por lo cual recomendó su tramitación como proyecto de ley. Finalmente, el decreto consiguió el aval del Parlament el 9 de abril después de una negociación in extremis en que el ejecutivo acordó el apoyo de ERC, Comuns y la CUP a la medida horas antes que se votara en el pleno y con la condición de tramitar el texto como proyecto de ley.
Inútil y empobrecedor
Foment denuncia que las medidas aprobadas por el gobierno son contrarias a la Constitución y al ordenamiento jurídico y constituyen un grave error dado que son "inútiles y empobrecedoras", por lo cual reclaman una "urgente" reacción política e institucional para restaurar el respeto por los derechos fundamentales. La entidad subraya que entre el 20 y el 25% del precio final de una vivienda es coste fiscal, entre impuestos estatales, catalanes y municipales, y que el nuevo gravamen lo eleva por encima del 25%, por lo cual concluye que para incidir en el precio de la vivienda sería suficiente con rebajar este porcentaje.
Asimismo, el comunicado insiste en denunciar que en 15 años se han producido 47 cambios normativos que conforman una "telaraña normativa" que asusta a la inversión y a la entrada de capital extranjero y paraliza proyectos de construcción de viviendas; tilda el decreto de herramienta de intervención política e ideológica y de "violación flagrante del derecho de propiedad" y lo atribuye a "un populismo legislativo incompatible con la economía social de mercado".