Maria Eugènia Alegret, la jueza que instruye la causa contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido la votación de las conclusiones de la comisión del Procés Constituent, ha dado dos días a los letrados de la cámara catalana para que presenten el informe que realizaron defendiendo que el pleno podía votar las conclusiones y que se siguió el reglamento establecido. Alegret ha dado celeridad a la instrucción, de manera que el juicio podría tener lugar en marzo o abril.
Alegret da curso así a las peticiones que la Fiscalía efectuó el pasado 23 de diciembre. Una semana más tarde, la jueza ha formalizado la petición expresa al Parlament de Catalunya.
Con respecto a los informes de los letrados, la magistrada pide exactamente el documento de las alegaciones que presentaron los letrados del Parlament al Tribunal Constitucional una vez este suspendió el trabajo y las conclusiones de la comisión del Procés Constituent. El documento es una de las pruebas principales en las que se basa la defensa de Carme Forcadell.
El Parlament también tiene que entregar a la jueza la moción que presentó a la CUP el 18 de marzo donde pide que se reafirme el decreto de ruptura y que declara "vigente" el texto anulado por el Tribunal Constitucional.
Los funcionarios de la cámara catalana tienen a partir de hoy dos días hábiles para entregar la documentación. El martes 3 de enero se acaba el plazo.
El caso Forcadell se desarrolla de forma trepidantemente rápida. Algunas fuentes judiciales apuntan que el juicio podría llegar ya en el mes de marzo después de una instrucción relámpago. Y es que Maria Eugènia Alegret ha dado celeridad a la instrucción para evitar el toque de atención que en su momento tuvo Miquel Angel Gimeno, actual director de la Oficina Antifrau de Catalunya, y ex presidente del TSJC durante la instrucción del caso 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau porque se consideraba que no se ponía lo suficiente en ello. Prueba de eso es que Maria Eugenia Alegret no ha parado los trámites ni por las fiestas de Navidad.
Lo que no ha aceptado la magistrada de todo lo que ha pedido la Fiscalía son las páginas de los diarios La Vanguardia i El Periódico donde están las informaciones sobre la desobediencia de Junts pel Sí y la CUP a las advertencias del Tribunal Constitucional. Aunque la magistrada ha rechazado pedir estas páginas a los medios de comunicación, el fiscal ha recurrido la decisión. El Ministerio Público argumenta que la documentación "se solicita a los efectos de dejar constancia que la intención de introducir en el pleno la aprobación de las conclusiones de la comisión de estudios del Procés Constituent y promover con eso el menosprecio de lo que decidió el TC en su auto del 19 de julio, resultaba ciertamente previsible".