Dejando claro que nunca impedirán ningún debate en la cámara, y a las puertas de ir a declarar ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación y por permitir votaciones de resoluciones parlamentarias vinculadas al proceso independentista, los cinco miembros de la mesa del Parlament investigados por un supuesto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) han querido recordar que su trabajo es admitir a trámite las iniciativas de los diputados sin analizarlas porque tienen que "ser neutrales" y han asegurado que seguirán "actuando como Mesa", a pesar de lo que pueda acabar pasando.
Los cinco se han encontrado en El Matí de Catalunya Ràdio, donde, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha enviado otra vez un mensaje bien claro al gobierno de Mariano Rajoy asegurándoles que "ni las amenazas ni las intimidaciones nos harán dar un paso atrás en nuestros deberes como mesa del Parlament".
Mientras Forcadell, sin embargo, se ha mostrado convencida de que no contemplan que los inhabiliten porque están haciendo su trabajo, el secretario primero, Lluís Corominas, ha dado por hecho que sí que lo harán lamentándose: "Es inaudito que por hacer nuestro trabajo tengamos responsabilidad penal y estemos a punto de ser inhabilitados". Aunque Corominas ha enviado un mensaje claro al Estado y la justicia asegurando que se lo pondrán "muy difícil".
Censura preventiva
Argumentos tienen de sobra para conseguir que no los inhabiliten. Así lo ha recordado la presidenta de la cámara cuando ha puesto encima de la mesa: "No hemos ejecutado nada, no hemos hecho ninguna acción, sólo hemos hecho nuestro trabajo", pero ha subrayado que el objetivo del Estado español es hacer "una censura preventiva" y que la Mesa haga una "censura previa".
Además, la secretaria primera de la mesa, Anna Simó, ha insistido en la idea de que "evitando el debate en el Parlament no resuelven el problema, se equivocan muchísimo y nosotros no pensamos hacerlo", mientras que el secretario tercero, Joan Josep Nuet, que en un principio no había sido investigado por eso para no ser independentista, ha soltado que "quien se piense que eso puede anular el debate en el Parlament es que vive en otro país".
Nuet, que también ha querido hacer una clara alusión al hecho que él, en un primer momento, no fuera culpable de nada señalando que "el sentido común nos indica que eso no se puede hacer de una manera, todos hicimos lo mismo y todos somos inocentes si yo lo era según el fiscal", ha cargado fuerte contra el Estado por "utilizar el derecho para desmontar el derecho", al tiempo que Corominas ha añadido: "Quieren que dejemos de proteger los derechos".
El juego de la democracia
Forcadell también se ha lamentado de que, mientras en el Parlament están "a favor de la democracia de la separación de poderes", las actitudes del gobierno español "ponen todo eso en juego" y se ha reiterado: "Ni la primera vez, ni la segunda, tendríamos que haber ido a juicio" porque "estábamos defendiendo la libertad de expresión y un Parlament tiene que debatir, sino, ¿de qué sirve?".
La secretaria cuarta de la mesa, Ramona Barrufet, ha recordado, en este sentido, que "estamos hablando y defendiendo la democracia, la libertad de expresión y de iniciativa de los diputados" y Nuet ha añadido que "el salto cualitativo es que antes cuando el Parlament aprobaba alguna cosa, lo llevaba al TC, pero ahora juzgan por debatir".
Y es que, de hecho, y como ha hecho memoria la presidenta de la cámara, "la pregunta y fecha del referéndum corresponde al Govern", aparte de remarcar "la excepcionalidad de lo que está pasando, que en democracia no puede pasar".