La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, investigada por el Tribunal Supremo por desobediencia, rebelión y sedición, ha anunciado que no se postulará a repetir en el cargo. "El nuevo momento político requiere ahora de una nueva figura, libre sobretodo de procesos judiciales," ha argumentado, aunque asegura que no abandona la política y que seguirá como diputada.

El caso abierto contra la presidenta en el Supremo la llevó el 9 de noviembre a una celda de Alcalà Meco donde tuvo que pasar la noche hasta hacer efectiva la fianza que se le había impuesto. Fue la punta de máxima tensión de una legislatura, en que la judicialización de la política ha atravesado las paredes del Parlament y ha penetrado en los debates del hemiciclo.

"El principal reto que hemos tenido esta legislatura ha sido garantizar la soberanía del Parlament. Que el debate y la palabra fuera libre y no hubiera lugar para la censura", ha asegurado responsabilizando de esta situación a "la fobia del gobierno español" a la palabra y el diálogo..

Ha valorado que, a pesar de "la judicialización, las dificultades, las situaciones imprevistas y los errores que hayan podido cometer", han hecho una buena tarea al frente de la institución, que no ha cedido ante las presiones y que se ha mantenido firme. "En un parlamento se tiene que poder hablar de todo. El día que abramos la puerta a la censura ya no la podremos volver a cerrar", ha advertido a la vez que ha reclamado que todos los debates que hay en la calle tienen que poder entrar en la Cámara.

Forcadell ha asegurado que la suya es una decisión personal, que ha actuado "siempre con la voluntad de preservar el derecho de iniciativa y la libertad de expresión de los diputados" y que antes de vetar un debate por miedo a represalias habría dimitido.

"Puedo decir orgullosa que no nos hemos doblado, que no hemos cedido y nos hemos mantenido firmes en nuestras obligaciones que son garantizar el debate libre en este parlamento", ha asegurado para agradecer acto seguido el trabajo hecho por sus compañeros de la Mesa Anna Simó, Lluís Corominas y Ramona Barrufet, de JxCat, y Joan Josep Nuet de CSQP, todos ellos investigados también por el Supremo.

Aunque no ha citado a los representantes de C's y PSC en la Mesa sí ha agradecido la tarea de los 135 diputados de la Cámara. "Especialmente en los que incluso en los momentos de máxima tensión han mantenido el respeto a la institución y la presidencia", ha añadido.

La presidenta ha explicado que su decisión estaba meditada y tomada de hace tiempo y que las personas que lo tenían que saber ya lo sabían. Ha descrito la presidencia que ha protagonizado de corta pero intensa y ha argumentado que, de hecho, su intención ya era no alargarse en el cargo durante un periodo excesivamente largo.