Carme Forcadell y Anna Simó han presentado los recursos contra el auto de procesamiento que el viernes comunicó el magistrado Pablo Llarena.

En los escritos piden que se archive el caso.

La expresidenta del Parlament está en la prisión de Alcalá Meco desde el viernes acusada de rebelión. Anna Simó está en libertad provisional acusada de desobediencia.

El recurso quiere dejar claro que "fue el pleno del Parlament de Catalunya, como órgano supremo, el que acordó la inclusión en el orden del día, el debate, la votación y la aprobación de las Conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente sin que obviamente la Mesa del Parlament, ni por descontado mi representada, tuvieran ninguna facultad para limitar la potestad del pleno de introducir elementos de debate ni determinar el contenido o el resultado de este debate y la consiguiente votación".

Y el texto de Forcadell remarca que si la expresidenta del Parlament tuviera que ir a juicio, lo tendría que hacer acusada de desobediencia, como el resto de miembros de la Mesa.

Las dos argumentan la inviolabilidad parlamentaria y denuncian que se han vulnerado sus derechos fundamentales por un proceso con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes por la defensa y a un juez ordinario, además del derecho a juicio justo y los derechos civiles y políticos.

También enumeran las vulneraciones sobre el derecho a la libertad ideológica, la libertad de expresión, la prohibición de censura previa, la libertad de manifestación y el ejercicio de la representación de la ciudadanía.

Los abogados alegan que el Tribunal Supremo no es competente en esta causa y piden que Pablo Llarena se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de donde salió el caso. El recurso argumenta que todos los hechos sucedieron en Catalunya.

El recurso también manifiesta que hay incompatibilidades entre el fiscal y la sala que tiene que resolver el caso: "El fiscal firmando de la querella que da origen al procedimiento fue durante 14 años miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el organismo judicial encargado de su instrucción", y añade que "este hecho compuerta que los magistrados llamados a resolver el litigio han estado durando años compañeros de la sala con una de las partes".

El texto incluye una de las problemáticas con que se encuentran todos los abogados: que los mismos hechos se estén investigando en juzgados diferentes general indefensión. "Se genere esta situación de diferentes procedimientos paralelos a propósito para que las defensas no puedan participar en absoluto de la Instrucción y tengan que aceptar después la incorporación de multitud de diligencias practicadas, habiéndoles sido vetada su presencia", dice el recurso.

Sobre la rebelión

El recurso niega que exista el delito de rebelión. Destaca que "en las 55 páginas de presuntos hechos descritos por la resolución no se describe ningún alzamiento violento y público" y remarca que "anhelar la independencia de Catalunya no es delito", sino que es un derecho amparado por la libertad ideológica de expresión.

Carme Forcadell se juega 30 años de prisión con el delito de rebelión. Su abogada, Olga Arderiu, cita las manifestaciones en motivo de la Diada Nacional de Catalunya, donde participaban más de dos millones de personas, "con claro ambiente festivo y familiar, sin que se produjera ni un solo incidente".

Y sobre las manifestaciones del 20 de septiembre durante los registros en la Conselleria d'Economia, remarca que "tampoco se produjo un alzamiento violento y público; sino que se congregaron espontáneamente miles de ciudadanos con la finalidad, también, de ejercer su derecho de manifestación".

También destaca que "no hubo ningún alzamiento público y violento para declarar la independencia de Catalunya" y que la finalidad era "exclusivamente y en todo momento, conseguir iniciar una vía de negociación con el gobierno central" y remarca que en ningún momento se contempló la posibilidad de utilizar la violencia para conseguir la independencia de Catalunya.