Caso excepcional y sin jurisprudencia en Europa. Son los dos elementos claves de la demanda que la presidenta del Parlament de la XI legislatura, Carme Forcadell, ha presentado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al considerar que la condena de 11 años y medio de prisión que le impuso el Tribunal Supremo por sedición le ha vulnerado hasta seis derechos fundamentales. "Anuncio con satisfacción que inicio el camino a Europa para poder obtener la justicia que no tuve en el Estado español", ha afirmado hoy Forcadell, que junto con su equipo de abogados, ha anunciado que el 30 de marzo pasado presentó la demanda al tribunal de Estrasburgo. El abogado Iñigo Iruin ha sido claro y contundente: "El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han vulnerado la inviolabilidad del Parlament y de Forcadell y no hay ninguna ley que los ampare." El abogado ha explicado que está previsto que el TEDH unifique las demandas de los 9 presos políticos, ya que todos van contra la sentencia del mismo tribunal, encabezado por el magistrado Manuel Marchena, y que se alargue su resolución porque con la reciente negativa del TC a dar amparo a los últimos líderes independentistas, estos también presentaran demandas y tienen en un plazo de cuatro meses.
Forcadell, acompañada de su abogada en el Supremo Olga Arderiu y los abogados Raimon Tomàs e Iñigo Iruin, ha enumerado las seis vulneraciones que considera han cometido los tribunales españoles con ella: inviolabilidad parlamentaria, al castigarla por permitir el debate en la cámara catalana; parcialidad de los tribunales, desde el Tribunal Constitucional, primero advirtiéndola que no podía permitir el debate, después deduciendo testimonio contra ella hasta llevarla a los juzgados y finalmente no admitiendo su recurso de amparo; el derecho a la representación política, al decretar su prisión provisional y condenarla; no permitirle que el juez predeterminado por la ley, es decir el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la juzgara; el derecho de reunión y manifestación vulnerado, ya que considera que los actos del otoño del 2017 fueron "siempre pacíficos", y finalmente el derecho al principio de legalidad, haciendo referencia al delito de sedición, del cual tres magistrados del TC también consideran que no cumple los parámetros ante su impredecibilidad.
"Lo he dicho varias veces: me condenaron más como activista, por haber sido presidenta de la ANC, porque a mis compañeros de Mesa solamente los inhabilitaron. Defender la independencia y la autodeterminación de Catalunya es un proyecto democrático y pacífico y nunca renunciaremos", ha afirmado Forcadell. Antes, la vicesecretaria general de Drets, Llibertats y Lucha Anti-Represiva de ERC, Marta Vilaret, ha afirmado que la causa contra el independentismo catalán es "una causa general" de los tribunales españoles, y que "ERC es el partido con más represaliados, con 50 personas afectadas en diferentes juzgados".
Ley a medida
Iruin, que también defiende a la exconsellera de Agricultura y diputada de ERC Meritxell Serret, ha reconocido, como dicen los votos particulares del TC, que es una "causa compleja" y "también singular". En concreto, el abogado ha expuesto, que un diputado y más una presidenta de un Parlamento tienen en los sistemas democráticos "un nivel superior de protección" para garantizar la división de poderes, entre el judicial y el legislativo, y que como el caso de Forcadell "no hay ningún precedente en Europa, no hay jurisprudencia del TEDH hacia la injerencia a un Parlamento". Ha precisado que el caso Atutxa, donde el Supremo condenó a la Mesa del Parlamento Vasco por no disolver el grupo de Batasuna, tiene "similitudes", sin embargo, ha añadido que el tribunal de derechos humanos no ha debatido nunca la relación de la inviolabilidad parlamentaria con la libertad de expresión. En el caso Atutxa, el TEDH resolvió que se les habían vulnerado derechos porque el alto tribunal español no les escuchó al cambiar su absolución por una condena.
"Cuando el Gobierno tiene un problema, crea una ley ad hoc, eso los vascos lo sabemos muy bien", ha declarado Iruin y ha añadido que la ley orgánica 15/2015, que da competencias ejecutivas al Tribunal Constitucional, es para detener el debate parlamentario catalán. "La LO 15/2015 desborda la separación de poderes y el Gobierno engañó a la Comisión de Venecia cuando le dijo que no lo aplicaría a cargos electos", ha afirmado.
Sin jurisprudencia europea, Iruin ha detallado que se centrarán en cuatro categorías generales recogidas en sentencias del TEDH. La primera, que el Parlamento es un foro de debate político principal; la segunda, que este Parlamento tiene que poder funcionar de forma efectiva; la tercera, los fundamentos de la democracia de separación de poderes, y la cuarta, de las prerrogativas parlamentarias, en las cuales hay dos inviolabilidades: la del Parlament y la de la diputada Forcadell. "Todo esto lo recoge el Estatut de Catalunya también y los tribunales españoles no lo han respetado", ha indicado el abogado, asegurando que en ningún país europeo existe la injerencia que provoca la LO 15/2015. "No hay jurisdicción de los tribunales hacia la cámara del Parlamento", ha remachado Iruin.