El juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya ha decidido no suspender cautelarmente el tercer grado de Joaquim Forn mientras estudia el fondo del asunto.

Como ya hizo este miércoles con los otros seis presos independentistas de Lledoners y otro juzgado había hecho con Carme Forcadell y Dolors Bassa, el magistrado considera que la suspensión cautelar del tercer grado sólo se puede aplicar cuando se presenta recurso de apelación a una decisión judicial, no en este momento procesal, ya que se trata de un recurso de alzada a una decisión administrativa de la Generalitat.

Forn ha tardado un día más en recibir la resolución porque tenía un día más para presentar alegaciones a la medida cautelar que pide la Fiscalía.

Y una vez más, el juez deniega la medida cautelar porque sobrepasa la línea de los derechos fundamentales: "Produce afectación directa a derechos fundamentales, por lo que lo procedente es hacer una interpretación más ponderada y de acuerdo con la eficacia y esencia de los mismos".

 

La diferencia, un cambio de juez. La jueza que resolvió ahora hace 6 meses y que los mantuvo dentro de la prisión sin poder tener derecho, tampoco, al 100.2 para poder salir a trabajar, está de baja, y en su lugar hay un sustituto que ha seguido los mismos pasos que el juez de vigilancia penitenciaria 1 de Catalunya, que resolvió exactamente lo mismo para Carme Forcadell y Dolors Bassa.

La resolución judicial concreta que sólo en los casos en que se tratara de un recurso a una instancia superior se podría contemplar la posibilidad de aplicar esta medida cautelar. En este sentido, da un toque de atención a la Fiscalía por no haber pedido la medida cuando toca, que es con la presentación de un recurso de apelación. Y ahora no es el caso.

De esta manera, los nueve líderes independentistas condenados por sedición podrán seguir en semilibertad —cosa que les permite salir diariamente de la prisión y volver sólo a dormir, de lunes a jueves—, al menos hasta que los juzgados de vigilancia respectivos resuelvan sobre el fondo de los recursos presentados por el ministerio público contra su clasificación.

Ahora todavía falta saber cuál es la decisión definitiva del juez sobre si deroga o no el tercer grado. Hace seis meses lo echó atrás el Tribunal Supremo después de los diferentes recursos presentados por la Fiscalía hasta agotar todas las vías.