La consellera de Ensenyament, Irene Rigau, ha negado durante su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desobedeciera ninguna autoridad por su participación en la consulta del 9N. La consellera ha llegado a las diez de la mañana al TSJC acompañada del resto del Govern, excepto el presidente Artur Mas. Lo esperaba una importante representación de diputados de Junts pel Sí y de la CUP, y más de unas cuatrocientas de personas, que han permanecido en el paseo Lluís Companys hasta que ha acabado la comparecencia.

La consellera ha asegurado ante el juez que el 29 de septiembre, tan pronto como el Tribunal Constitucional suspendió el decreto de convocatoria de la consulta, su departamento “paró máquinas” y dejó el proceso en suspenso.

A partir de aquel momento, ha explicado, el proceso participativo –con una circunstancias muy diferentes de censo y colegios electorales– quedó en manos de los voluntarios. Hasta el punto, que cuando el juez le ha preguntado por el papel de los directores de instituto, Rigau ha puntualizado que se trataba de “voluntarios” como ella misma. La consellera ha afirmado que no transmitió instrucciones porque tampoco se las dieron y que toda la logística quedó en manos de los voluntarios.

Prueba de esta situación es el hecho que, en el momento en que la directora de un instituto de l'Hospitalet de Llobregat se negó a entregar las llaves del centro para abrir el colegio electoral, hubo que buscar otra sede alternativa.

Ni acusación ni fiscal

La consellera sólo ha respondido a las preguntas del juez y de su defensa. No ha respondido a la acusación de Manos Limpias, pero tampoco al ministerio fiscal, argumentando que es “muy difícil entender el cambio de criterio de la fiscalía”, cuando en un primer momento se afirma que no hay motivo para iniciar el procedimiento y después los fiscales de sala avalan la querella.

La defensa de la consellera ha hecho una valoración muy positiva tanto del desarrollo de la declaración como del tono de las preguntas del juez.

Según los letrados presentes, el interrogatorio se ha centrado en los hechos concretos sobre la actuación del Departament y ha servido para aclarar cuestiones muy concretas, como el material informático utilizado, que obedecía a necesidades de la conselleria pero se puso a disposición del proceso de participación durante aquella jornada.

La defensa ha subrayado que la consellera no recibió personalmente ninguna orden directa del Tribunal Constitucional sobre cómo tenía que actuar.

Rigau ha recordado que, una vez quedó suspendida la consulta, las valoraciones que se hicieron desde el Gobierno español iban más bien orientadas a despreciar el proceso participativo, que llegó a ser tildado de butifarrada. Esta circunstancia provocó que la réplica del TC contra el nuevo 9N llegara cuando todo el proceso estaba ya en marcha.

En unas breves declaraciones al acabar la comparecencia ante el juez, Rigau ha destacado que una sociedad democrática tiene que poder conocer la opinión de sus ciudadanos y ha insistido en que el proceso participativo cumplía un mandato del Parlament.

Rigau se ha presentado con ademán serio y preocupado, con sus abogados Jordi Pina y Miquel Roca. En la puerta lo esperaban diputados del Parlament. La cúpula de CDC, con Josep Rull y Jordi Turull al frente, los diputados de Junts pel Sí, Raül Romeva, Lluís Llach y Carme Forcadell, entre otros, o los republicanos Marta Rovira, Oriol Amorós y Anna Simó.

También estaba presente el líder de la CUP Antonio Baños, quien con el diputado electo Lluís Llach y Marina Geli han hecho guardia ante del TSJC hasta que ha acabado la declaración.

El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el de la Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch. Igualmente ha querido acompañar a la consellera el exconseller de Interior Ramon Espadaler que, cuando se ha acercado a los periodistas a hacer declaraciones, ha sido abucheado por las personas concentradas delante de la sede del TSJC.