El independentismo ha intentado consensuar, hasta el último minuto, una respuesta conjunta al suplicatorio de Laura Borràs por la causa abierta en el Tribunal Supremo por su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas. Finalmente, esta unidad no será posible en el pleno de este jueves, que se celebrará a puerta cerrada. Los diputados de JxCat votarán en contra de levantar la inmunidad a su portavoz. Por su parte, ERC y la CUP no participarán de la votación, como ya hicieron los republicanos en la comisión del estatuto del diputado. ¿Cómo se ha llegado hasta esta nueva grieta? Varias fuentes conocedoras de las negociaciones explican a ElNacional.cat su relato de los hechos.

En una reunión ahora hace dos semanas, Laura Borràs puso encima de la mesa una solución imaginativa. Teniendo en cuenta que el suplicatorio saldría adelante igualmente, la portavoz de JxCat propuso que tanto ERC como la CUP no participaran de la votación. La misma opción por la que hoy se han acabado de decantar las izquierdas independentistas. A partir de aquí es cuando empiezan las discrepancias y los reproches recíprocos.

Según fuentes de JxCat, aquella propuesta inicial "no recibió respuestas, sólo evasivas" y alguna declaración desafortunada. El mismo ofrecimiento se acabó filtrando a la prensa "a las 48 horas". No sólo no lo aceptaron ni ERC ni la CUP, sino que incluso los anticapitalistas pusieron otra opción encima de la mesa: que la portavoz de JxCat dimitiera; de esta manera, renunciando al escaño, perdería el aforamiento y no sería juzgada por el Tribunal Supremo. Todo esto hizo que la formación de Puigdemont volviera a la posición inicial: sólo se puede votar en contra.

El relato de los hechos de ERC, sin embargo, es radicalmente diferente: ninguna evasiva. "Lo mismo que hemos dicho en público lo hemos dicho en privado", señalan fuentes republicanas. "Ni blanquearemos una posible irregularidad ni tampoco queremos que la juzgue el Tribunal Supremo porque no tendrá un juicio justo", indican. Por todo eso, añaden, se abrieron a buscar una solución alternativa. Conjugar sus dos premisas descartaba tanto el voto a favor como el voto en contra. Insisten, como la CUP, en que sólo hay una opción para no ser juzgada por el Supremo: renunciar a su escaño.

Desde la CUP mantienen que la "mejor opción" era dejar el acta, pero que han estado explorando otras opciones. Fuentes anticapitalistas justifican que son más lentos a la hora de tomar decisiones, pero que cuando se comprometen a algo "es hasta el final". En cambio, lamentan, "JxCat nos hicieron la propuesta y al final la han descartado ellos mismos".

Sea como sea, la cuestión es que, finalmente, el independentismo llegará dividido al pleno de este jueves. Las posiciones ya estaban demasiado enrocadas, a pesar de los contactos de última hora. Los diputados de ERC y la CUP no participarán de la votación. Pero para JxCat el tren de no votar como respuesta unitaria ya ha pasado. La formación de Laura Borràs insiste en que, hoy por hoy, "el único voto posible, coherente y digno es el no".

"No soy culpable"

El Congreso dio el jueves pasado el primer paso para dejar a Laura Borràs sin inmunidad. Con los votos del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos, la comisión del estatuto del diputado aprobó el dictamen que mañana será votado por la cámara y que avala el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para juzgar a la portavoz de JxCat. ERC y EH Bildu no participaron en la votación, mientras que JxCat y el PNV votaron en contra. Unidas Podemos se abstuvo. La sesión se celebró a puerta cerrada, como también pasará este jueves en el hemiciclo.

Acusada de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental por supuestos contratos irregulares al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Borràs ha negado todas las acusaciones desde el principio. "Lo digo desde ya: no soy culpable. No he cometido ninguno de los presuntos delitos de los cuales se me acusa", defendió hace dos semanas. Cargada de material documental, denunció un amplio "catálogo de irregularidades procesales" y una "ausencia absoluta de hechos susceptibles de ser perseguidos penalmente". Denunció lo que considera una "persecución política sin indicios de delito".