Acusar el independentismo de golpista es un argumento recurrente del actual Gobierno español, en manos del Partido Popular, que hace suya la idea de repetir mil veces una mentira hasta que ésta se convierta en verdad. Lo han hecho repetidamente varios miembros del ejecutivo de Mariano Rajoy y muy significativamente la ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal.

Con todo, acusar a los adversarios políticos de golpistas no es ninguna novedad en este partido, ya que el lejano 1977, el entonces secretario general de Alianza Popular -el actual PP-, Manuel Fraga, el mismo que según La Razón podría ganar unas elecciones legislativas hoy mismo, ya consideraba como golpe de estado la legalización del Partido Comunista de España. Por cierto, que el PCE consiguió formar parte de la legalidad democrática antes que otros, como Esquerra Republicana de Catalunya, que todavía era ilegal en las primeras elecciones democráticas post-dictadura fascista de las que hoy se conmemoran los cuarenta años.

En abril del 77, justo después de la legalización del PCE, Fraga consideró "un auténtico golpe de estado, un grave error político, farsa jurídica y quiebra a la vez de la legalidad y la legitimidad" la legalización de un partido político como el comunista, con un lenguaje que remitía a justificación de la Guerra Civil con frases como "el único país de Europa en el que el comunismo ha sido derrotado es España".

De hecho, Fraga -que fue ministro de la dictadura y posteriormente redactor de la Constitución Española-, defendía que la legalización de las organizaciones políticas no se podía aplicar a los partidos "comunistas, separatistas y terroristas", metidos todos en el mismo saco.

Aguirre y el 15-M

Con todo, Fraga no es el único precedente de esta línea argumental del PP de acusar de golpistas a los adversarios políticos. En fecha más reciente, en el 2011 y con ocasión de las movilizaciones de indignados conocidas como el 15-M, la entonces presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideraba que los acampados en varias plazas como la de Catalunya en Barcelona o la Puerta del Sol de Madrid, eran "camorristas" que defendían un "principio de democracia directa" tras el cual "se puede esconder un golpe de estado".

Puigdemont lo denuncia

Con estos precedentes se entiende mejor el argumentario de post-verdad a que se ha entregado el Partido Popular y que consigue resonancia en varios medios que recientemente han instado el ejército ha actuar por su cuenta si el Gobierno español no suspende la autonomía catalana.

Precisamente por eso, y en coincidencia con las primeras elecciones democráticas desde 1936, cuando un golpe de estado acabó con la democracia, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha querido recordar estos precedentes. "La legalización del PCE fue un golpe de estado. Después lo fue el 15-M. Ahora lo es el proceso catalán. Los mismos diciendo lo mismo", ha afirmado Puigdemont vía twitter.