El exconseller Francesc Homs tiene que ir a juicio después de que la Fiscalía haya reactivado una causa contra él por la adjudicación de contratos y subvenciones, presuntamente a dedo, en favor de una fundación afín a Convergència cuando era responsable del departamento de la Presidència del Govern de Artur Mas. Unos gastos del 2012 que suman en total unos 58.000 euros públicos y que la acusación relaciona con el Procés, si bien la Audiencia Provincial de Barcelona ya ha archivado la causa en dos ocasiones al no ver indicios delictivos. La respuesta de Homs ante la noticia llega este viernes. El exconseller ve una intención maliciosa por parte de "determinados personajes que en ciertas cosas acaban dejando el Derecho en un rincón" y vincula esta reactivación con la reciente aprobación de la ley de amnistía al Procés: "Eso me lo comunican el día que se aprueba la ley de amnistía. Creo que esto no va por mí, creo que aquí hay un mensaje", ha soltado Homs en una entrevista en RAC1.

Subrayando que la Audiencia barcelonesa ya ha archivado estas causas contra él en dos ocasiones, la última vez hace un año, Francesc Homs ha valorado que en este caso hay "una discusión entre jueces" con disparidad de criterios y, sin querer señalar directamente a nadie, el exconseller ha apuntado a la supuesta mano negra de estos "individuos concretos" que, asegura, "ensucian" el papel de la Justicia. En este sentido, Homs, que también es jurista, ha defendido explícitamente la judicatura española, cuyo "grueso" afirma que "funciona", pero lamenta que "en determinados aspectos que tienen que ver con la política toman otro tipo de decisiones". "Esto no nos va bien. Y la defiendo, la Justicia de este país, pero hay que aislar las cosas que son anómalas, y lo tenemos que poder hablar", ha argumentado Homs.

Tres acusaciones paralelas

En concreto, el ministerio público acusa a Homs de otorgar en 2012 una subvención directa, sin concurso público, de 7.400 euros a la CATDEM, fundación afín en CDC, para financiar los gastos derivados de su pertenencia al European Liberal Forum y la traducción de material de difusión de sus actividades en varias lenguas. Sobre esta, Homs ha defendido este viernes que fue validado por Intervención y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat con normalidad en el 2012. La Fiscalía también lo acusa por una adjudicación del año 2012 a un despacho de abogados, por un importe de 14.520 euros, para que realizara un asesoramiento jurídico para un proyecto de una zona de dinamización internacional en materia de propiedad industrial, a pesar de tratarse de un asunto ajeno a las competencias en el Departamento de Presidencia, según el ministerio público. Sobre esta, Homs ha defendido que se hizo en conjunto con el Consorcio Zona Franca, que depende del Estado.

Otro de los expedientes que la Fiscalía ve fraudulento es la contratación de los servicios de desplazamiento y alojamiento en Barcelona de asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior, que se celebró en la capital catalana el 25 de mayo del 2012. En concreto, el ministerio público sostiene que Homs, desde su cargo de secretario general del Departament de la Presidència, fragmentó indebidamente la contratación de servicios a una agencia de viajes para pagar los gastos de desplazamiento y alojamiento en Barcelona de los asistentes al encuentro mundial de comunidades catalanas.

Podría adherirse a la amnistía

La abogada del exconseller, la penalista Judit Gené, ya ha pedido a la magistrada que derive esta pieza a la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, para que la adjunte a la causa contra una treintena de cargos por los preparativos del 1-O, en la que el verano pasado se acumularon los gastos para promocionar Catalunya en el exterior de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, entre los años 2011 en el 2019, y donde inicialmente se incluía el caso de Homs. La causa abierta a Homs, que fue condenado a un año y un mes de inhabilitación por la organización de la consulta del 9N del 2014, podría cerrarse con la ley de amnistía, que prevé el borrado de los delitos cometidos en el marco del procés, entre noviembre del 2011 y del 2023.