Pintan bastos en el país de la Declaración de los Derechos del Hombre. Francia alargará hasta tres meses el estado de excepción, que prevé registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial, entre otras medidas restrictivas de las libertades. Lo ha aprobado este jueves la Asamblea Nacional francesa, a petición del Gobierno del primer ministro socialista Manuel Valls. Hasta ahora, la excepción se limitaba a doce días.

"¡Estamos en guerra!", ha exclamado Valls ante los diputados para justificar esta modificación legal y toda una serie de medidas de control. "No es el tipo de guerra a que la historia nos tiene trágicamente acostumbrados. No. Es un nuevo tipo de guerra –en el extranjero y en el interior– donde el terror es el primer objetivo y la primera arma", ha añadido Valls en un discurso bastante dramático.

Otras libertades y derechos también han sido limitados temporalmente, además de que se han impuesto algunas medidas de control que la oposición tilda de extremas, redundantes o de cara a la galería.

Cerrar las redes sociales

Una medida es que el Gobierno podrá bloquear y cerrar webs y redes sociales a voluntad si sospecha que promueven el terrorismo, sirven para organizar atentados o reclutar militantes. En realidad, la ley sobre el terrorismo aprobada el pasado febrero ya autoriza al Ministerio del Interior a hacerlo incluso sin estado de emergencia.

El debate ha sido intenso. La Asamblea ha adoptado medidas de refuerzo de la vigilancia sobre algunos refugiados e inmigrantes, como la posibilidad de imponer un brazalete electrónico para controlar los movimientos de algunos extranjeros con residencia asignada, es decir, con la movilidad restringida a una zona geográfica. La diputada ecologista Cécile Duflot se ha opuesto a estas medidas con contundencia. "Eso va demasiado lejos", ha dicho. Se trata de una "detención administrativa" (es decir, sin juez), con "la única base de la actitud" de la persona y no de los hechos probados.

Armados fuera de servicio

El Ministerio francés del Interior autorizará a los agentes de la policía a llevar sus armas reglamentarias cuando no estén de servicio, sin la obligación de vestir el chaleco antibalas, explicó el director general de la policía, Jean-Marc Falcone a radio RTL.

Los policías "podrán usar el arma en todo momento a condición de que respeten el derecho penal y las reglas de la legítima defensa". Deberán llevar un brazalete que permita identificarles, para evitar confusiones si usan el arma de paisano y, además, tendrán que haber efectuado previamente al menos una sesión de tiro y advertir a sus superiores de su opción.

Hasta ahora los agentes debían dejar sus armas en la comisaría o en sus domicilios cuando no estaban de servicio.

En el mismo sentido, el presidente, François Hollande, se mostró ayer partidario de reforzar el equipamiento de armas de los policías municipales y aseguró que el Estado ayudará a aquellas ciudades que lo soliciten con armas de la policía nacional.

Centro de yihadistas arrepentidos

Manuel Valls también ha anunciado que se creará un centro para jóvenes radicalizados por la religión y que acogerá en primer lugar a "arrepentidos" para evaluar "su voluntad de reinserción". El Gobierno francés ya ha asignado los fondos necesarios al proyecto.

Los internos no serán yihadistas que regresen a Francia desde Siria o Iraq, porque éstos deben ir a la cárcel, puntualizó el jefe del Gobierno. "Un centro de desradicalización –puntualizó– no puede ser una alternativa al encarcelamiento". Lo que se hará allí será "un seguimiento individualizado y pluridisciplinar" que a su juicio es "indispensable".

Para los yihadistas de vuelta de zonas de combate, el Gobierno pretende prohibirles la entrada en Francia sin una autorización expresa.