El expresidente de la Generalitat del País Valencià Francisco Camps ha denunciado este lunes a las puertas de ser juzgado por el caso Gürtel una "persecución feroz" de la Fiscalía Anticorrupción y sus "pactos secretos y obscenos" y ha asegurado: "No temo absolutamente nada". "Jamás he temido nada que tenga que ver con todo lo que durante estos años ha sido una persecución feroz de la Fiscalía Anticorrupción", ha subrayado en declaraciones a los periodistas antes de ser juzgado en la Audiencia Nacional por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009, después de que el tribunal suspendiese la semana pasada el inicio del juicio.
La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y diez de inhabilitación para Camps, que ha vuelto a cargar duramente contra el actual president de la Generalitat, Ximo Puig, por perseguirle también de manera "feroz" y le ha instado a ser "valiente" para ponerse delante de los medios de comunicación y dar explicaciones. El expresident y exlíder del PP en el País Valencià ha denunciado los "pactos secretos y obscenos" de la Fiscalía Anticorrupción con algunas personas y ha insistido en que es una obscenidad que el Ministerio Público "busque a personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que se piden muchas veces".
El que arranca este lunes será su segundo juicio por la Gürtel (el primero, conocido como el de "los trajes" y en el que acabó absuelto, le llevó a dimitir en 2011) y, según ha dicho, lo afronta sin temor alguno. Junto a él serán juzgadas más de una veintena de personas, incluidos varios ex altos cargos del gobierno valenciano y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.
Los acuerdos con la Fiscalía
Estos tres últimos forman parte de la decena de acusados que han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en busca de reducciones en sus peticiones de condena; también lo han hecho ex altos cargos de la Generalitat como Silvia Caballer, Vicente Farnós, Enrique Navarro o Enrique Bort. Anticorrupción sostiene que las empresas de Gürtel se asentaron en el País Valencià en 2003 para "aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció" Camps y "una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos".
También afirma que, en el caso de Fitur 2009, la adjudicación se produjo para "contentar" a la trama por la deuda que tenía Orange Market con el PP por la organización de actos del partido y que otros acusados se concertaron con el expresident para que "dispusiera lo necesario para que el contrato" fuera para esa mercantil.