El expresidente del BBVA Francisco González ha declarado este lunes como investigado en la Audiencia Nacional por el escándalo de los trabajos de espionaje que encargó la entidad bancaria al excomisario José Villarejo sin que la Fiscalía haya pedido medidas cautelares para él.
Tras dos horas y media de comparecencia ante el juez y los fiscales del caso Villarejo, el exbanquero ha hecho una breve declaración a los medios y, aunque no ha dado detalles del interrogatorio por encontrarse la causa bajo secreto, ha asegurado que ha contestado a todas la preguntas "con toda transparencia y claridad".
"Sí puedo decirles -ha destacado- que una vez que termine esta investigación, quedará muy claro, repito, muy claro, que el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de manera íntegra y ejemplar, lo quiero decir así de claro, sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta individual de carácter irregular que yo en este momento desconozco".
Grupo Cenyt
En este sentido ha recordado que, tras tener conocimiento en mayo de 2018 de que "el grupo Cenyt (propiedad de Villarejo) había prestado algunos servicios al grupo BBVA", decidieron abrir una investigación para "determinar el alcance de los trabajos" y que él ya entonces manifestó explícitamente su interés en declarar.
El BBVA, ha insistido, es "una gran institución internacional enormemente respetada que trabaja en beneficio no solamente de sus clientes y accionistas sino que también presta servicios relevantes a la sociedad".
Desde que en julio el juez Manuel García Castellón decidiera imputar al banco como persona jurídica -que debe declarar este miércoles en la pieza número 9 del caso, que permanece secreta-, González supo que él también sería llamado a declarar y por eso llevaba tiempo preparando con su abogado esta comparecencia.
Llegado finalmente el día, el exbanquero -conocido en el mundo económico como FG- ha respondido a las preguntas del juez, de los fiscales y de su abogado, Jesús Santos, exteniente fiscal de la Audiencia Nacional y defensor del PP en Gürtel.
Ha sido de los pocos que ha optado por no acogerse a su derecho a no declarar con el argumento de que esta pieza permanece secreta, circunstancia que llevó a la mayor parte de la decena de cargos y excargos de la entidad imputados a rechazar prestar declaración a la espera de que la investigación deje de estar reservada.
Distrito Castellana Norte
El único que se decidió a hablar fue Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte (Operación Chamartín) -sociedad participada por el BBVA-, fue destituido a finales de julio a raíz de su imputación.
Béjar, que había sido director de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA, explicó la primera vez que declaró que los servicios prestados por Cenyt para su área de responsabilidad estarían relacionados con el seguimiento de clientes morosos.
La relación entre BBVA y Cenyt comenzó en 2004, cuando la constructora Sacyr intentó sin éxito hacerse con el control de la entidad por la supuesta recomendación de Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del banco durante buena parte de la presidencia de FG y antiguo comisario de Policía. Corrochano ya compareció por estos hechos ante el juez, que le impuso una fianza de 300.000 euros.
Declaración de Ayuso
Antes que González ha comparecido como testigo el exdirector de comunicación del BBVA Javier Ayuso, que ha contestado a las preguntas de los fiscales en relación a las funciones que desempeñó hace años en la entidad y sobre el conocimiento que tenía de los trabajos de Villarejo dada su labor de investigación hacia 2015 como periodista del diario El País, por la que presuntamente fue amenazado por el excomisario, han indicado a Efe fuentes jurídicas.
El interrogatorio de Ayuso, que también fue jefe de prensa de la Casa Real, se ha enmarcado en los datos que aportó a la investigación interna del BBVA, que fue impulsada por Francisco González y ampliada con la llegada de Carlos Torres Vila a la presidencia de la entidad en 2019, y cuyos resultados se han ido aportando a la justicia.
También ha declarado el inspector de policía jubilado Antonio Bonilla, imputado en varias piezas del caso, y que en su día aseguró al juez que parte del dinero que cobró de la empresa de Villarejo fue por elaborar informes de "riesgo país" para el BBVA, lo que provocó que el fiscal sugiriese su imputación en la pieza que gira en torno al banco.