El pasado mes de diciembre, entre mucha polémica, se aprobó por la mínima la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en el Congreso. Una enmienda conjunta de Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu abre la puerta a que las universidades puedan posicionarse sobre algunos temas políticos. Contra esta iniciativa, la plataforma de profesores Universitaris per la Convivència está impulsando una carta abierta a senadores y diputados para que esta enmienda no acabe en el texto definitivo de la norma.

La entidad Universitaris per la Convivència se fundó en el año 2018. Según reza su página web, su objetivo prioritario es "trabajar para que nuestras universidades dejen de pronunciarse políticamente en nombre de todos los miembros, vulnerando así nuestra libertad ideológica". La organización nace para denunciar el posicionamiento que varios claustros adoptaron ante la represión del referéndum del 2017.

Universitaris per la Convivència se centra en este caso, y desde sus inicios, en el sistema universitario catalán. En el actual texto, destacan especialmente el caso de Catalunya. Hasta ahora entre los firmantes se encuentran Fernando Savater, Félix de Azúa, Félix Ovejero, Manuel Aragón, Alfredo Montoya, Joan Botella, Mikel Buesa, Carlos Rodriguez Braun, Mariano Fernández Enguita, Julio Carabaña, Jon Juaristi, Francisco Sosa Wagner, Teresa Freixes, Araceli Mangas, María José Villaverde, Marta Martín, Emilio Lamo de Espinosa o Víctor Pérez Díaz, según informa Crónica Global.

Las universidades y sus posicionamientos

El tema es especialmente sensible, ya que para distinguir dónde está la línea de la neutralidad de las instituciones y, en especial, de la universidad, hay que empezar por definir qué es y, sobre todo, qué no es ideológico o político. Si dejamos la cuestión de la política catalana fuera de la ecuación, nos encontramos que en el pasado muchas universidades de todo el estado han firmado posicionamientos que se puede considerar que rompen con la neutralidad, como recuerda El País.

Por ejemplo, las universidades han emitido comunicados institucionales para condenar la guerra de Ucrania, defender los derechos humanos o la lucha contra el fraude. En estos casos, cuando la universidad ha roto su neutralidad, no se ha encontrado consecuencias, como sí lo han hecho aquellos centros catalanes que se han posicionado respecto a los hechos y las consecuencias del 1-O.

La enmienda plantea que tanto en unos casos como en los otros, la universidad pueda ser un espacio donde se den estos debates sin consecuencias. En cambio, Universitaris per la Convivència sostienen que hay que mantener la situación actual para "defender los derechos fundamentales que se ejercen en el ámbito universitario, con especial atención a la libertad ideológica, la libertad de expresión, la autonomía universitaria, el derecho a la educación y el derecho a utilizar la lengua que cada uno escoja".