Revitalizar el catalán en la Administración de Justicia. Es uno de los objetivos del convenio firmado hoy entre el Departament de Justícia y dieciocho entidades catalanas y andorranas, en un acto presidido por la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, en el Palau Pedralbes. Con esta iniciativa, se quiere sumar esfuerzos y sinergias de diferentes entidades relevantes en el ámbito jurídico, lingüístico y académico para impulsar conjuntamente el desarrollo de Compendium.cat. Se trata de un portal, que se quiere poner en marcha el abril próximo y de acceso a todo el mundo, que permitirá fomentar el uso y la calidad del lenguaje jurídico catalán, contribuir a paliar los problemas de documental de este lenguaje y visibilizar muchos de los recursos que actualmente se encuentran dispersos en diferentes webs institucionales.
La consellera de Justicia ha celebrado "el compromiso" de las entidades presentes "para poner el catalán en una situación de normalidad en el ámbito de la justicia" con esta nueva herramienta para que lo usen los profesionales, y "también -ha añadido- las universidades, que a veces hacen Dret Civil Català sin usar el catalán." Ciuró ha expresado el compromiso del Departamento de Justicia para darle apoyo y "sobre todo para que se respeten los derechos lingüísticos de las personas" en los juzgados, y ha pedido que "en el ámbito colectivo y personal no nos autocensuramos". La consellera ha añadido que "la lengua nunca ha sido un motivo de confrontación", y que esta "la ha provocado ciertos partidos políticos", sin citarlos.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana, Mª Eugènia Gay, ha destacado que la firma de este acuerdo se produce "en un momento en que varios estudios alertan del retroceso del uso social del catalán y del cual no nos escapamos los que formamos parte del mundo de la justicia y el derecho". "Tenemos que normalizar de una vez el uso del catalán en la justicia porque es una anomalía que arrastramos desde hace años y con la suma de todos los actores como los que hoy somos aquí, damos un paso adelante para conseguirlo", ha añadido la presidenta del Consejo y decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Cifras esmirriadas
La Administración de Justicia es el ámbito de servicio público donde menos se usa el catalán. Solamente un 7,4% del total de las sentencias dictadas a Catalunya en el 2020 se redactaron en catalán, mientras el año 2014 eran el 12%, según datos del Departamento de Justicia. Los juzgados de Girona, con un 17% de resoluciones escritas en catalán (3.185 sentencias) dominan este esmirriado ranking, mientras en los juzgados de Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat fueron el 6,2%, a pesar de su mayor volumen global (5.842 sentencias). La elevada movilidad de jueces y letrados de la Administración de Justicia es uno de los motivos que no avance una mayor implantación de la lengua catalana, según se afirma en los informes de los servicios lingüísticos en el ámbito judicial.
Para fomentar el uso del catalán, el Departament de Justícia ha vuelto a incentivar con 14 euros los escritos del turno oficio que se presenten en catalán. Se han inscrito cerca de un millar de abogados en esta acción que este año tiene con una partida de 300.000 euros. También se facilitan cursos de lengua catalana y de lenguaje jurídico, teórico y práctico, a todos los profesionales, así como la traducción de documentos y resoluciones. Por ejemplo, este año se ha traducido 244 normas del Estado español al catalán.
El acto de firma del convenio, en el Palau Pedralbes / Aniol Reclosa
La nueva iniciativa es el Compendium.cat que se presenta como un proyecto de transferencia de conocimiento en el campo interdisciplinario de la lengua y el derecho. Parte de un catálogo de recursos elaborado en el marco de la tesis doctoral Lenguaje jurídico catalán: Estado de la cuestión y propuestas de futuro (2019), elaborada por la lingüista Anna Arnall Duch, impulsora del portal. De esta manera, el portal que se pretende desarrollar permitirá buscar y encontrar información en más de 300 recursos lingüísticos, entre los cuales hay manuales de redacción jurídica, apuntes lingüísticos sobre terminología jurídica, diccionarios jurídicos y manuales didácticos. La herramienta va dirigida mayoritariamente a tres grandes profesionales: del derecho, de la lengua y el personal de las administraciones públicas y privadas que tengan que redactar documentos.
Las entidades e instituciones catalanas que han firmado el convenio son: el Departament de Justicia, el Consell de la Abogacía Catalana, el Departament de Cultura, el Consell de Garantías Estatutarias, la Comisión Jurídica Asesora, a la Escuela de Administración Pública de Catalunya, el Centro de Terminología de Catalunya (TERMCAT), la Universidad Pompeu Fabra, la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos filial del IEC, el Colegio Notarial de Catalunya, los Registradores de Catalunya, el Consejo de Procuradores de los Tribunales de Catalunya, el Consejo de Colegios de Graduados Sociales de Catalunya, el Consulado de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona y la Mutua de Previsión Social para abogados Alter Mútua. También han participado tres instituciones del Principado de Andorra: el Consejo General, la Universidad de Andorra y el Colegio de Abogados de Andorra.
La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, con representantes del Consell de la Abogacía Catalana y entidades, hoy / Aniol Reclosa