El Govern y el Parlament harán frente común al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de defender la ley del catalán en la escuela después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya presentado una cuestión de inconstitucionalidad. Esta cuestión de inconstitucionalidad cuestiona que lo que establece esta ley se adecue a la Constitución y al Estatut y es el as en la manga del tribunal después de varias sentencias que obligan a varias escuelas a ofrecer un 25% de las asignaturas en castellano.
El Govern ha decidido en la reunión del consell executiu de este martes personarse la Generalitat y exponer alegaciones a la causa abierta por la Ley sobre el uso y aprendizaje de lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria y por el Decreto de los criterios de elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
La decisión del Govern se ha tomado en paralelo a la misma que ha tomado la Mesa del Parlamento, que también se personará en esta causa presentando alegaciones, según han indicado fuentes de la cámara catalana citadas por la agencia ACN. El Parlament ya había presentado la semana pasada alegaciones para proteger la ley y el decreto. Aquellas alegaciones, sin embargo, eran contra el recurso de inconstitucionalidad que habían presentado delante del TC el PP y Cs.
En aquellas primeras alegaciones, los servicios jurídicos del Parlament adujeron que las dos normas no buscan "modificar sustancialmente" el régimen lingüístico, sino "adaptarlo a los cambios sociales" y agregaban que se reconoce el castellano como lengua de aprendizaje y que además tiene el trato de "lengua docente". En este sentido, creen que de acuerdo con las normas el castellano también es "vehículo de comunicación" a la educación.
Un texto polémico aprobado con el acuerdo de 106 de los 135 diputados del Parlament
Los nuevos textos legales se aprobaron con los votos de PSC-Units, ERC, JxCat y en Común Podemos. Todos los grupos suman 106 de los 135 diputados del Parlamento. La aprobación del texto fue rechazada por amplios sectores sociales al considerar que no se protegía lo suficiente el catalán y se abría la puerta a más presencia del castellano a las escuelas catalanas. La voluntad de los legisladores era evitar la imposición de porcentajes.
La ley del catalán ha formado parte de la reunión de la Mesa no sólo por el debate en el Constitucional sino también por la admisión a trámite de la reforma presentada por el Consell General d'Aran con el fin de garantizar el aprendizaje y el uso curricular del occitano en los centros araneses. Se trata de una proposición registrada por la síndica d'Aran, Maria Vergés, que se podrá enmendar y se tramitará como cualquier proposición de ley. Es la tercera vez que las instituciones aranesas hacen uso de su capacidad legislativa al Parlamento.
Por otra parte, el órgano rector del Parlament también ha aprobado este martes el aumento salarial del 1,5% a los trabajadores y funcionarios de la cámara, en la línea de lo que el Govern decidió la semana pasada siguiendo el pacto del Govern con los sindicatos sobre los empleados públicos. Fuentes parlamentarias han indicado que el incremento retributivo es exclusivo para funcionarios y trabajadores públicos y "en ningún caso" supondrá un aumento de sueldo de los diputados.