Varias entidades han presentado este martes el frente común que han construido para tratar de anular la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas. El argumento para romper esta sentencia se basa en una presunta "infracción muy grave" en la asignación de uno de los jueces de este caso. Así pues, la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, La Intersindical, USTEC y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) denuncian que el presidente de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el juez Javier Aguayo, pudo escoger su participación en este caso. Un hecho que, según este frente común, vulnera "un principio jurídico fundamental a las democracias occidentales y que está recogido en la misma Constitución española: el derecho a ser juzgado por un magistrado que esté predeterminado por la ley".
Así lo ha argumentado el abogado Ramon Llena, el artífice de este recurso de nulidad y asesor jurídico del Consell per la República. "Nunca se puede escoger un juez para un caso concreto porque parece que asignas alguien que ya piensas que puede tener la solución; tiene que ser siempre un sorteo y el único criterio tiene que ser el azar; si no, se pueden generar trazas de parcialidad". En este sentido, ha argumentado que cuando se vulnera un derecho de este tipo, lo más normal es que el juicio en cuestión se considere nulo. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha declarado que ahora mismo nos encontramos "ante una gran cruzada contra los modelos de escuela catalana" y ha recordado que "la lengua es lo que nos cohesiona como pueblo". Asimismo, también ha pedido que "no se segregue" los estudiantes de Catalunya en motivo de cuál es su lengua. Asimismo, ha insistido en que la lengua catalana es la "columna vertebral de la escuela catalana" y que su entidad "hará todo el posible para frenar la sentencia" del 25% de castellano.
Por otra parte, la directora de la Plataforma per la Llengua, Rut Carandell, ha asegurado que hay que reivindicar la nulidad de esta sentencia porque se ha producido, según ella, una "vulneración de los derechos muy grave". "En este caso la justicia se ha sacado de la manga" el hecho de que Javier Aguayo participara en este juicio. "Se ha vulnerado el principio que las normas tienen que ser iguales para todo el mundo; es normal pedir la nulidad si este juez ha decidido a qué juicio va y en cuál no". Todos han denunciado que el TSJC aprobó unas normas en las cuales se prevé que el presidente de una sala "presidirá las secciones para la deliberación, votación y resolución" en algunos casos determinados, como por ejemplo, los que "tengan especial trascendencia económica, social o mediática", y estipulan que recaerá en el presidente de la Sala "decidir su integración en la deliberación".