Junts per Catalunya ha reunido este viernes, de forma telemática, unos 200 alcaldes y cabezas de lista de todo el país para debatir sobre la iniciativa que presenta el partido de Puigdemont sobre la multirreincidencia que se tratará el próximo martes 17 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Tal y como informan los juntaires en un comunicado, la reunión, liderada por las diputadas en Madrid Marta Madrenas y Míriam Nogueras y que ha durado unas dos horas, ha servido para desgranar el contenido de la proposición de ley y que, apuntan, da respuesta a una de las demandas más actuales del mundo municipal, como es la problemática de la multirreincidencia delictiva. El Congreso tendrá que votar el próximo martes si acepta la tramitación de esta ley, para que la cámara lo estudie y los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas y hacer cambios en ponencia y comisión.
Más herramientas a los ayuntamientos y aumentar el número de jueces
De hecho, esta proposición de ley fue presentada por Junts per Catalunya el pasado mes de marzo con el objetivo de liderar una de las carpetas que el partido de Puigdemont ha abanderado, sobre todo, desde el mundo municipal, con alcaldes como el de Calella, Marc Buch, el mismo jefe de la oposición al Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, o el alcalde de Figueres, Jordi Masquef. La propuesta de Junts per Catalunya consiste en impulsar cambios en los delitos relativos a los hurtos (artículo 234 y 235 del Código Penal) para penalizar más la multirreincidencia; condenas de uno a tres años de prisión para el robo de móviles; que el número de jueces de adscripción territorial en Catalunya pase de 35 a 70 o dotar los ayuntamientos de la capacidad de poder actuar penalmente contra los delincuentes sin perjuicio de la que le corresponda en la Fiscalía.
Según el partido liderado por Míriam Nogueras en el Congreso de los Diputados, en los meses se ha "agudizado" la percepción de inseguridad e impunidad entre la población ante delincuentes multirreincidentes que cometen pequeños hurtos de forma reiterativa. "Este hecho se detecta con especial claridad desde el ámbito local, de máxima proximidad a la ciudadanía", apuntan los juntaires, que aseguran que es una ley que responde a "un trabajo sostenido y trabajado con expertos del ámbito y colegios profesionales". Precisamente, apuntan, que también está trabajada con el mundo municipal, que, en la reunión de este viernes, ha reiterado la "preocupación que existe" sobre este tema.
La propuesta de Junts
Hay que recordar que en agosto de 2022 ya se hizo una reforma del Código Penal para "dar solución a la insuficiente respuesta ante los hurtos multirreincidentes no superiores a 400 euros, porque los otros ya tenían pena de prisión", pero Junts cree que "la situación en las calles sigue empeorando gradualmente". "El trabajo policial, en muchos casos, no es efectivo hasta que una sentencia firme condenatoria con pena de prisión obligue al ingreso de los delincuentes en la prisión, proceso que puede durar años o, incluso, puede no producirse", añaden.
En esta línea, el cambio que proponen es que el hurto sea castigado con la pena de prisión de uno a tres años cuando el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por "tres delitos menos graves o graves", de manera que se puedan incluir los que no superan los 400 euros. En paralelo, apuestan por incluir entre los delitos que se condenan con uno a tres años de prisión a los que roben "objetos que sean dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos".