Falta una semana para que el Congreso de los Diputados vote el decreto de la reforma laboral. Pero no ha habido ningún tipo de avance. A pesar del viaje de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Catalunya, las cosas siguen donde estaban. Tanto es así que hoy las fuerzas independentistas de izquierdas han dado un golpe encima de la mesa. En la sala de prensa de la cámara baja, ERC, la CUP, EH Bildu y el BNG han leído un manifiesto conjunto y han planteado hasta siete propuestas para poder aprobarla, desde la indemnización por despido improcedente hasta la prevalencia de los convenios autonómicos. Por eso reclaman su tramitación como proyecto de ley, para poder introducir enmiendas. A pesar de todo, la declaración conjunta no condiciona el voto de cada una de las formaciones, aunque siguen en el no.
Pero el Gobierno no se mueve de su posición. Ayer mismo lo volvió a verbalizar el presidente Pedro Sánchez, que incluso pidió la abstención al PP para evitar que se toque ni una sola coma del texto pactado con los sindicatos y la patronal. "Si no quieren votar a favor, que al menos faciliten su convalidación", les reclamó, defendiendo que el decreto se tenía que aprobar por parte del Congreso sin tocar ni una sola coma. "El Gobierno está haciendo cosas que otros gobiernos no hicieron", aseguró el dirigente socialista, que insistió en que no contempla ningún otro escenario que "convalidarlo y con el mayor número de grupos parlamentarios". También ayer, la vicepresidenta Yolanda Díaz se desplazó a Barcelona para hacer presión junto con CCOO y UGT, y mantuvo una cena con el conseller Roger Torrent.
La respuesta del soberanismo de izquierdas ha llegado hoy mismo en forma de declaración conjunta, leída por los diputados Jordi Salvador (ERC), Mireia Vehí (ERC), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Nestor Rego (BNG). Y si bien empieza valorando "ciertos aspectos y medidas" para combatir la temporalidad y la precariedad, también consideran las medidas "totalmente insuficientes". Constatan que "no constituye la derogación de la reforma laboral del 2012", como se había prometido, y que "aspectos troncales" quedan excluidos. En este contexto, las cuatro fuerzas "muestran su absoluta y sincera voluntad de abrir un proceso de diálogo y negociación", pese a la negativa de Moncloa a tocar el texto. Y hacen siete propuestas, que tendrían que ser recogidas con enmiendas en la tramitación como proyecto de ley. Son las siguientes:
1. Establecer la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios provinciales y autonómicos y el blindaje jurídico de los acuerdos interprofesionales autonómicos.
2. Recuperación de la necesaria autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo, recuperando las causas objetivas previas a la reforma laboral del 2012.
3. Especificar medidas contra la precariedad y las posibilidades de descuelgue salarial. Del mismo modo, la desvinculación de las condiciones laborales y salariales basada en causas justificadas tendrá que quedar condicionada al acuerdo con la representación sindical.
4. Subir la indemnización por despido improcedente hasta los 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades y la recuperación de los salarios de tramitación.
5. Recuperación de la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa, que constituirán el suelo mínimo de las condiciones en todas las empresas del sector.
6. Restauración de las limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica colectiva y de la necesidad de acuerdo para la regulación de la jornada.
7. Inclusión de propuestas orientadas a la reordenación del tiempo de trabajo y la reducción de la jornada laboral, para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, así como el reparto del empleo y el trabajo.
ERC sigue en el 'no'
Todas las miradas están puestas en ERC, que podría decantar la balanza. El diputado Jordi Salvador, uno de los negociadores republicanos, ha constatado que, de momento, no hay ningún cambio. Ha cargado contra el Gobierno, que no quiere tocar ni una sola coma del decreto y que voten "ciegamente". En este sentido, se ha preguntado cómo se les puede "responsabilizar" a ellos cuando el ejecutivo central se encuentra en el inmovilismo. Salvador fue secretario general de UGT en Tarragona, y como sindicalista ha respetado el trabajo realizado por los sindicatos, que han llegado hasta donde han podido. Pero también ha recordado que sus propuestas son para "mejorar" la reforma laboral, no para deshacer lo logrado en la negociación con los agentes sociales. También ha lanzado un dardo: "El negociador está en Madrid, no lo lleva Roger Torrent". Conclusión: si no hay "mejoras sustanciales" votarán no.