El Partido Popular plantará batalla contra el acuerdo entre el PSC y ERC para mejorar la financiación de Catalunya. El pacto a cambio de investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, que fue ratificado el viernes por las bases republicanas, incluye la salida de Catalunya del sistema común de financiación de las comunidades autónomas. Y ha ido acompañado, desde que ERC lo anunció, de la ofensiva del PP, que ha salido en tromba para mostrar su total rechazo a la propuesta y para anticipar que intentará frenarla. Los populares se quieren erigir en el “dique de contención” contra la financiación singular para Catalunya, una vía que es “imposible de cumplir” porque es “inconstitucional”, según se manifestaba el martes el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. “Es un concierto previsiblemente inconstitucional”, añadía el viernes la vicesecretaria de Educación y Sanidad, Ester Muñoz. Y lamentaba que Pedro Sánchez quiera “romper unilateralmente” un “sistema de solidaridad y de redistribución de la riqueza” que está “consagrado perfectamente en la Constitución”.
La tesis en Génova es clara: Sánchez está “engañando” a ERC con una propuesta de “imposible aplicación” y “dudosa legalidad”, insistía Tellado. En la misma línea, Alberto Núñez Feijóo reprochaba al presidente español que intente “mentir” a los republicanos con una “promesa imposible”. A través de Twitter, el presidente del PP se solidarizó con los catalanes “engañados, arrinconados y utilizados por la ambición egoísta de Sánchez y la connivencia del PSOE-PSC”. De momento, los populares todavía no aclaran cuál será, concretamente, su estrategia para frenar la reforma de la financiación y piden esperar a que se conozca el detalle del texto para decidir qué medidas tomarán.
Sin embargo, ya hay gobiernos autonómicos del PP que han anticipado su voluntad de llegar a los tribunales. La Junta de Andalucía apuesta por recurrir el concierto catalán al Tribunal Constitucional, a la espera de ver la concreción legal del acuerdo: “Al pueblo andaluz no se le toca”, argumentó el viernes la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. “Vamos a buscar todos los requisitos porque nos debemos al pueblo que nos ha puesto aquí, que nos ha dado la posibilidad de luchar por los andaluces y eso es lo primero”, ha esgrimido. También amenaza el Gobierno de Aragón, que promete “dar batalla” y “utilizar todos los instrumentos legales” contra un “ataque sin precedentes al principio de igualdad y solidaridad” que “perjudica a todas las comunidades autónomas”. La vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, asegura que el ejecutivo popular será un “escudo” para “defender” a los aragoneses de un Gobierno que “ataca permanentemente los intereses de todo Aragón”.
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“Los barones socialistas tienen que pasar de las palabras a los hechos”
La otra línea de ataque del PP va dirigida a los líderes autonómicos del PSOE. “No haría falta llegar a los tribunales si los socialistas que todavía quedan de verdad de izquierdas dijesen a Sánchez que parase esta deriva reaccionaria”, argumentó el viernes Ester Muñoz desde la sede del PP en la calle Génova. De hecho, la exhortación a los barones socialistas ha sido constante en los últimos días. Muñoz les reclamó que “tienen que pasar de las palabras a los hechos” porque “ya no vale tirar la piedra y esconder la mano”, sino que es el “momento de pasar a la acción”. “A lo que quede del PSOE, si es que hay algo: lamentarse ya no es suficiente. O se está en la defensa de la igualdad de todos los españoles o se está con Sánchez”, advertía Feijóo el martes.
“Ser crítico y respaldar ya no vale, ya no engañan a nadie”, sostuvo Miguel Tellado en rueda de prensa el martes. Y Cuca Gamarra también quiso meter baza: “Decimos a los que alzan la voz en el PSOE que no es suficiente. Si este preacuerdo no les vincula, que no lo voten cuando llegue al Congreso, que ahí está la clave de la defensa de lo común”, apuntó el miércoles desde La Rioja.
Y es que las voces críticas desde el PSOE no se han hecho esperar y ha llegado a haber un clamor territorial reclamando un encuentro de los barones con Sánchez. A las habituales críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se mostró convencido de que el PSOE no avalará ni “tolerará” este pacto, y del secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, que catalogó el pacto de “quiebra brutal” de la igualdad entre los españoles, se sumaron las del extremeño Miguel Ángel Gallardo y el asturiano Guillermo Peláez. El primero pidió que se convoque el Consejo de Política Federal del partido y el segundo mostró su “rechazo a que cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común a través de un concierto fiscal”, cosa que catalogó de “merma” a los recursos del Estado. Además, como era de esperar, el expresidente Felipe González verbalizó que se siente “muy cerca” de la posición de Page y Lambán.
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En la misma línea, la Fundación FAES, presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, pidió a los barones del PSOE que sus diputados en el Congreso rechacen una posible reforma de la norma que regula la financiación autonómica. “Deben recordar que los votos no se explican, sino que se cuentan”, subrayaba la FAES en un comunicado publicado el martes. Y apelaba a los dirigentes territoriales socialistas para que “tomen una posición política concreta” y “vinculen a los representantes parlamentarios de esas comunidades” para votar contra la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
¿Un referéndum en toda España?
Desde las filas del PP, también se ha cuestionado a Sánchez que no haya sometido esta decisión a consulta de las bases del PSOE. “¿Por qué el Partido Socialista no llama a consulta a sus militantes? ¿Por qué los militantes socialistas no pueden también participar de una consulta y valorar si ese acuerdo es satisfactorio?”, se preguntó Miguel Tellado el jueves en una entrevista en Telecinco. Y atribuyó la negativa de Ferraz al miedo a la “fuerte oposición interna” que se hubiera encontrado.
Ahora bien, quien dio un paso más allá fue Carlos Mazón. El presidente del País Valencià sostuvo que, si el acuerdo PSC-ERC para un nuevo “concierto fiscal” para Cataluña acaba llegando al Congreso, Pedro Sánchez tiene la “obligación moral y política” de someterlo al referéndum de todos los españoles. “Si el Gobierno de España quiere un Estado federal, tiene que someterlo a la consideración de los españoles y si el Partido Socialista quiere romper la caja única y una financiación singular, y que los que más tengan aporten menos, tiene que someterlo a sus bases”, esgrimió en una entrevista en la Agencia EFE.
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Preguntada por esta cuestión, Ester Muñoz replicó que los populares tienen claro que “el modelo de financiación autonómica no lo pueden decidir el 0,017% de los españoles” (en referencia a los 8.300 militantes de ERC) y acusó a Sánchez, que el miércoles presentó el pacto entre el PSC y ERC como “un paso hacia el federalismo”, de “permitir que se hurte una decisión de esta naturaleza que corresponde única y exclusivamente decidir a todos los españoles”. “El lugar idóneo para debatir sobre la reforma del sistema de financiación del régimen común es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y es un tema suficientemente importante para que se reúna la Conferencia de Presidentes”, señaló en rueda de prensa. Dejó claro que si hay que hacer una reforma territorial, “tienen que ser todos los españoles” los que lo decidan: “No sé si el sitio tiene que ser un referéndum o tiene que ser un proceso constituyente”, concluyó.