En el último minuto y tragándose sus palabras, Pedro Sánchez ha vuelto esta semana a salvar un nuevo match ball. El Gobierno cerró este martes un acuerdo in extremis con Junts per Catalunya: se aprobó un decreto ley que salva las medidas más importantes del ómnibus tumbado la semana anterior y el PSOE aceptó tramitar en el Congreso de los Diputados la iniciativa sobre una cuestión de confianza impulsada por los independentistas. Carles Puigdemont ya ha decidido levantar el veto a las negociaciones sectoriales y ahora la Moncloa tiene el horizonte repleto de frentes: tiene que sustanciar de una vez por todas el acuerdo que delega a la Generalitat las competencias en inmigración, tiene que conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea, ir cerrando la carpeta de la amnistía; y entonces abordar las cuestiones que al Gobierno le interesa sacar adelante, como los presupuestos, la reducción de la jornada laboral, la ley contra el lawfare o la ley de reforma del acceso a la carrera judicial.
En esta legislatura, Junts per Catalunya ha impuesto al PSOE la negociación del 'pieza a pieza'. Los socialistas ya acumulan muchas derrotas parlamentarias en el Congreso de los Diputados a causa de no haber llamado a los independentistas antes de sacar adelante una iniciativa. La última vez que se produjo eso fue con el decreto ómnibus tumbado hace casi un par de semanas. Pero de todos modos a los socialistas les ha ido calando la idea de que cuando tratan con la formación de Carles Puigdemont tienen que completar una pantalla antes de saltar a otra. Ahora mismo, por ejemplo, hay un aspecto de máxima sintonía entre lo que trasladan fuentes de un bando y del otro: la carpeta de la inmigración tiene que cerrarse de una vez por todas.
Inmigración
Fuentes de Junts per Catalunya apuntan que la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat se tiene que haber efectuado antes de que el Congreso de los Diputados vote la proposición no de ley sobre una cuestión de confianza. Hay que recordar que ya ha pasado más de un año desde que los socialistas acordaron con los independentistas esta delegación. De la misma manera, el Gobierno sabe que si quiere empezar a negociar los presupuestos —la ley más importante que impulsa anualmente un ejecutivo— tiene que hacer efectiva la delegación de las competencias en inmigración. Incluso Pedro Sánchez lo admitía hace un mes y medio en una conversación informal con periodistas.
Junts explica que todavía hay que cerrar algunos puntos: la presencia de los Mossos en las fronteras, la capacidad para tramitar las expulsiones y la emisión del NIE (el número de identidad de la persona migrante). Las fuentes socialistas consultadas por este periódico optan por el hermetismo. Se limitan a asegurar que "las negociaciones están avanzadas". Pero la realidad es que ya hace mucho tiempo que venden la misma idea. Desde hace meses, cada vez que un miembro del ejecutivo del PSOE es preguntado por este tema responde que el acuerdo es inminente.
La plena amnistía y el catalán en Europa
La inmigración es, junto con la amnistía y el catalán en Europa, una cuestión "fundamental" que hay que tener cerrada antes de que el Congreso se pronuncie sobre una cuestión de confianza a Pedro Sánchez. Pero en amnistía y catalán, las fuentes socialistas consultadas por este periódico no trasladan el mismo optimismo que en inmigración. Con respecto a la primera carpeta, se lavan las manos e insisten en que ellos ya han hecho su trabajo: el Congreso ya ha aprobado la ley y ahora esta se encuentra en manos de los jueces. Cuando miembros del Gobierno son preguntados por los jueces que se niegan a aplicarla, insisten en que el Tribunal Supremo todavía tiene que resolver algunos recursos que se han presentado; y que la última palabra la tendrá o bien un Tribunal Constitucional que actualmente tiene mayoría progresista, o bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Junts, ante eso, pide que se actúe con contundencia ante los jueces prevaricadores. Y también que la amnistía jurídica se traduzca en una amnistía política. Es aquí donde entra la posibilidad de que se celebre en Bruselas una reunión entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ya ha manifestado que está abierto a hacerlo, pero es un comodín que de momento se guarda en el bolsillo: durante más de un año ha aseverado en conversaciones informales con periodistas que tiene la idea de celebrar este encuentro; pero todavía no da el paso.
Pasa lo mismo con el catalán en Europa. A ojos de Junts, conseguir su oficialidad solo implica que el Gobierno se ponga verdaderamente a ello y que el presidente Pedro Sánchez descuelgue el teléfono para presionar a los ejecutivos del club comunitario como hizo con la elección de Teresa Ribera como comisaria europea. En opinión de los independentistas, esta cuestión tendría que estar a punto de solucionarse; mientras que las fuentes de la Moncloa consultadas por este periódico recetan calma. "No es tan fácil", aseguran, aunque hace unas semanas Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, instaran a los embajadores españoles en Europa a situar esta cuestión como una de sus prioridades.
El entorno del ministro Albares explica a ElNacional.cat que, de momento, los independentistas se tendrán que conformar con un pronunciamiento —confían que favorable— antes del verano de la Mesa del Parlamento Europeo para poder utilizar esta lengua. Pero eso, a pesar de ser un paso, no tiene nada que ver con la oficialidad de la lengua. Son dos cosas distintas: la oficialidad de este idioma situaría la lengua de los catalanes al mismo nivel que el castellano, el francés o el alemán en Europa; la legislación tendría carácter oficial en catalán y se aplicaría directamente en esta lengua, y detendría la discriminación actual contra la lengua catalana en los procesos para conseguir becas o pasar oposiciones en las instituciones europeas, en las que el conocimiento del catalán no da ningún punto. De todos modos, las fuentes consultadas por este medio aseguran que si el Consejo Europeo acaba tumbando la decisión de oficializar la lengua catalana, el Ministerio de Exteriores está dispuesto a picar a la puerta de la justicia europea; un gesto que certificaría que "el gobierno no abandonará nunca este combate".
Cuestión de confianza
Dentro de unas semanas, el Congreso de los Diputados tendrá que votar la proposición no de ley de Junts que insta a Pedro Sánchez a someterse a la cuestión de confianza. Los independentistas quieren tener antes cerradas estas carpetas. Pero, de todos modos, el presidente del Gobierno ya ha querido dejar claro que no se someterá a esta prueba de fuego; sea quien sea el pronunciamiento de la cámara baja. De hecho, a fin de que la iniciativa sea más digerible, el grupo parlamentario de Míriam Nogueras ha modificado el redactado de la PNL: el nuevo texto remarca que presentar una cuestión de confianza está solo en manos del presidente del Gobierno, porque hace un llamamiento al jefe del ejecutivo a "considerar la oportunidad" de someterse a ella.
El texto también señala que la proposición no de ley es de "carácter político; sin vinculación jurídica". Hay que recordar, a pesar de todo, que el texto se ha hecho más digerible para el PSOE, pero los letrados de la cámara ya habían avalado que la Mesa aceptara el texto que había presentado Junts en un primer momento. Después de haber pasado todas estas pantallas, Junts querrá también abordar la del conflicto político con España dando pasos en el reconocimiento nacional de Catalunya, así como la financiación.
Presupuestos: el Gobierno confía en que "los acuerdos lleven a otros acuerdos"
Pero el PSOE también tiene sus carpetas. Y la más importante ahora mismo es la de los presupuestos. Una de las cosas que más llaman la atención es la forma cómo contestan algunos miembros de alta jerarquía del Gobierno cuando, en los pasillo del Congreso, los periodistas les preguntan sobre esta carpeta. La tranquilidad y la poca preocupación ante la posibilidad de tener que prorrogarlos de nuevo contrasta con las declaraciones de un presidente, Pedro Sánchez, que insiste en que su intención es presentar y aprobar unas nuevas cuentas este 2025. Antes, sin embargo, hará falta que los socialistas pacten con los independentistas la senda de déficit, que ha quedado guardada en un cajón desde que hace unos meses Junts la tumbara e instara a la Moncloa a negociarla previamente. Los socialistas son conscientes de que antes tienen que cerrar un acuerdo definitivo en inmigración y que los independentistas quieren que se cumpla con las inversiones presupuestadas en Catalunya en años anteriores.
"Nosotros no perdemos nunca el optimismo", destacan a este periódico desde la sala de máquinas de la Moncloa. Y este jueves, de hecho, Félix Bolaños cruzaba los dedos en una entrevista en Rac1 y confiaba en que después del pacto sobre el decreto ley "los acuerdos lleven a otros acuerdos". El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes celebraba el "clima de diálogo" que hay ahora mismo con los independentistas; aunque se trata de un miembro del Consejo de Ministros que no cuenta con la confianza del partido de Carles Puigdemont. Apuntan desde Junts que Santos Cerdán —secretario de Organización del PSOE— sí que se la ha ganado. La próxima reunión con el mecanismo de verificación internacional se celebrará este mes de febrero.
Jornada laboral, lawfare y acceso a la carrera judicial
Y el Gobierno también ha puesto sobre la mesa algunos otros retos de cara a esta legislatura que necesitarán el apoyo de Junts y el resto de grupos parlamentarios que hace un año y medio invistieron a Sánchez como presidente. En primer lugar, el Consejo de Ministros aprovará este próximo martes la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.
También hace unos días, el Gobierno presentó una modificación de la ley del Poder Judicial para reformar el acceso a la carrera judicial para que, resumidamente, no solo lo puedan hacer personas pertenecientes a familias acomodadas. Y también hará falta que todos estos partidos se pronuncien sobre la proposición de ley que el PSOE registró este enero en el Congreso de los Diputados en plena tormenta judicial contra Pedro Sánchez y su entorno: una norma para combatir el lawfare y las acciones judiciales abusivas. De momento, Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad a esta norma porque la encuentra poco ambiciosa. Así que a Pedro Sánchez, como dice él mismo tantas veces, le volverá a tocar "sudar la camiseta".