Pedro Sánchez arrancará 2025 igual que acabó 2024: pendiente de los tribunales y a merced de la debilidad parlamentaria en el Congreso de los Diputados. En el terreno judicial, hay cuatro causas que rodean al presidente español y que (en un grado u otro) tienen un triple efecto: desgastan al PSOE, dan armas al PP y hacen tambalearse la estabilidad de la Moncloa. No es fácil calibrar, hoy en día, cuál tendrá unas consecuencias mayores para Sánchez, pero la que ha tenido más impacto durante el año hemos cerrado es la investigación a su mujer, Begoña Gómez, que lo llevó a darse cinco días de reflexión para plantearse su futuro en la Moncloa. Y decidió continuar. El juez Juan Carlos Peinado la está investigando por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
El segundo gran quebradero de cabeza del presidente español es la causa contra el fiscal general del Estado, investigado por presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. De momento, Álvaro García Ortiz cuenta con el apoyo sin fisuras del líder socialista. En tercer lugar, el caso que afecta más directamente a la gestión de Sánchez en el Gobierno es el caso Koldo: empezó delimitado en torno a la figura de quien era asesor de José Luis Ábalos, pero se ha extendido y ahora apunta directamente contra el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, que está a las puertas de ser investigado formalmente por el Tribunal Supremo por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El último caso, el más embrionario, es la investigación a David Sánchez, el hermano del presidente, por un supuesto delito contra la Administración Pública. Paso a paso.
Nuevos testigos en la investigación a Begoña Gómez por cuatro delitos
Uno de los protagonistas inesperados de 2024 ha sido Juan Carlos Peinado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, que en abril abrió diligencias contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Además, ahora también la investiga por supuesto intrusismo y apropiación indebida de un software de la Universidad Complutense por una querella de Hazte Oír. La mujer de Pedro Sánchez ha denunciado en más de una ocasión que se le estaban vulnerando los derechos, pero la Audiencia de Madrid ha avalado la investigación con límites. En un primer momento, Sánchez aseguró que seguía “creyendo” en la justicia, pero ha acabado arremetiendo contra los jueces y denunciando una “cacería” contra el presidente español. De hecho, tanto él como su mujer presentaron querellas contra él por prevaricación, pero las dos fueron inadmitidas.
¿Cuáles tienen que ser los próximos movimientos? El miércoles 22 de enero Peinado ha citado a declarar como testigos a representantes de Google Spain, Indra y Telefónica para interrogarlos sobre sus inversiones en el software que desarrollaron para el máster que codirigía Begoña Gómez. Además, el juez también está esperando el listado de trabajadores y asesores de la Moncloa que pidió a mediados de diciembre. Todo eso llega después de que Begoña Gómez rompiera el silencio y, en la tercera cita ante el juez, negara todas las acusaciones: “No intervino en ningún proceso de licitación pública, firmó un pliegue de prescripciones técnicas porque las normas de la Complutense así lo exigían y no se ha apropiado indebidamente de ninguna marca”, defendió a su abogado, Antonio Camacho. Por su parte, Cristina Álvarez (la asesora de la Moncloa que hizo gestiones con un patrocinador a favor de su cátedra) declaró ante el juez que la esposa de Sánchez le dijo que podía tener a una persona de confianza como asistenta y se lo ofreció en 2018.
📝 Begoña Gómez rompe el silencio ante el juez y niega irregularidades en la cátedra de la Complutense
Investigación al fiscal del Estado por revelación de secretos: doce testigos pasarán por el Supremo en trece días
Una de las causas que tomará vuelo durante el mes de enero es la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también está investigada. La causa empezó a raíz de una querella de González Amador por la nota informativa que publicó la Fiscalía el 14 de marzo, pero ha acabado desembocando en el análisis de la filtración a la prensa del correo en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales. El interrogante es quien facilitó a la prensa el correo entre su abogado y el fiscal que lo estaba investigando.
🗓️ Del correo de la pareja de Ayuso al Supremo: ocho meses y un fiscal del Estado investigado por primera vez
El próximo paso será la declaración de doce testigos. Quien abrirá el año será Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que fue quien, para exculpar a Alberto González Amador, difundió que el fiscal le había ofrecido un pacto (cuándo realmente había estado al revés). Y eso fue lo que activó la maquinaria de la Fiscalía. Rodríguez está citado el miércoles 8 de enero y, como testigo, estará obligado a decir la verdad. Aquella semana también comparecerán ocho periodistas. Además, el 16 de enero están citados, también como testigos, Julián Salto (el fiscal de Delitos Económicos que investiga a González Amador) y Almudena Lastra (la fiscal superior de la Comunidad de Madrid) y el 21 de enero, dos responsables de comunicación: Íñigo Corral (de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid) y Mar Hedo (de la Fiscalía General del Estado). Son pasos que Ángel Hurtado da con “carácter previo a la toma de declaración de los investigados”, según reconocía él mismo en la providencia, cosa que hace pensar que en las próximas semanas citará a Álvaro García Ortiz.
👤 Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso que era portavoz de Aznar y recetaba un “fusilamiento” a Mas
“Cero mensajes” en el móvil de Álvaro García Ortiz
En los últimos días, ha habido una novedad importante: el informe de la Guardia Civil sobre el móvil del fiscal general del Estado, que llegaba a dos conclusiones. De entrada, encontró “cero mensajes” en aplicaciones de mensajería instantánea entre el 8 y el 14 de marzo, los días en los que se filtró el correo de González Amador. La Fiscalía admitió más tarde que Álvaro García Ortiz borró “personalmente” los mensajes del móvil en una acción enmarcada en un “borrado cíclico” que se hace de todos los dispositivos electrónicos por razones de seguridad y de protección de datos. Por otra parte, la UCO apuntó que el fiscal del estado recibió la copia del famoso correo electrónico el 13 de marzo a las 23.45 horas, cuando la noticia que había sido González Amador quien había ofrecido el pacto ya había aparecido a los medios (laSexta.com lo publicó a las 22.10 h y la Cadena SER se había hecho eco de ello a las 23.20 h en antena). Ahora bien, la imagen del correo todavía no se había difundido.
La Guardia Civil también analizó el móvil de Juan Lobato, el exlíder del PSOE de Madrid: confirmó que la Moncloa y el PSOE tenían el correo de la pareja de Ayuso antes que los medios de comunicación. La Guardia Civil concluyó que Pilar Sánchez Acera, la mano derecha de Óscar López (el entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez) tenía el correo (que envió a Juan Lobato) cuando todavía “no había sido publicado en los medios”. Además, la UCO señalaba especialmente a dos cargos más que habrían accedido al intercambio de correos: Francesc Vallès (el entonces secretario de Estado de Comunicación) y Ion Antolín (exdirector de comunicación del PSOE).
📝 Juan Lobato, a la asesora de la Moncloa, sobre el correo de la pareja de Ayuso: “¿Cómo lo tenemos?”
Por cierto, Alberto Gónzalez Amador ha reclamado intervenir las comunicaciones de seis periodistas (uno de la Cadena SER, cuatro de elDiario.es y uno de El Plural) con el fiscal general del Estado. Rápidamente, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) advirtió que eso supone un “atentado contra el secreto profesional”, amparado por el artículo 20 de la Constitución, que incluye el derecho a no revelar las fuentes. La FAPE confía que el Supremo haga “caso omiso” de la solicitud, dado que, en caso de ser aceptada, “plantearía un conflicto entre la libertad de prensa y la intimidad de las fuentes”.
La investigación por fraude fiscal de la pareja de Ayuso: 350.000 euros defraudados
La causa contra el fiscal general del Estado y contra la fiscal jefe provincial de Madrid está estrechamente vinculada con la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador después de que Hacienda lo denunciara por haber defraudado 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de facturas falsas y sociedades pantalla. De momento, su declaración ante la jueza se ha suspendido tres veces. La última fue la prevista para el 29 de noviembre, que se aplazó a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso que él presentó contra la ampliación de la causa para investigar sus negocios con la empresa Quirón Prevención.
Previamente, en mayo, la jueza suspendió la declaración por las dificultades por interrogar los otros investigados (fue el día que González Amador acudió a los juzgados con el pelo más corto y sin barba para dificultar que fuera reconocido y se marchó con una peluca gris). Un mes después, en junio, la jueza volvió a posponer la declaración porque el PSOE y Más Madrid pidieron que se investigaran cinco delitos más. Previsiblemente, la declaración de la pareja de Ayuso tendría que llegar en las próximas semanas o meses.
La batalla legal de la pareja de Ayuso contra Sánchez, Montero y Bolaños
Ahora bien, el caso de la pareja de Ayuso tiene otra derivada: Alberto González Amador ha impulsado una batalla en los tribunales contra miembros de la alta jerarquía de la Moncloa por declaraciones contra él. De momento, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda que presentó contra María Jesús Montero por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor. Denunciaba que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda dijo que Isabel Díaz Ayuso podría estar viviendo en un piso que “se pagó con fraude a la Hacienda Pública y con las comisiones de mascarillas en la peor situación de pandemia”. La demanda se interpuso después de que en octubre Montero plantara el acto de conciliación para que la ministra se retractara de sus afirmaciones.
Justamente a otro acto de conciliación está citado Pedro Sánchez el próximo 12 de febrero. En este caso, la pareja de Ayuso reclama al presidente español 100.000 euros por un supuesto delito de vulneración al derecho al honor al llamarle “delincuente confeso”. Es el mismo motivo que llevó a González Amador a solicitar un acto de conciliación con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts, Félix Bolaños. Los acusa de “lesionar sus derechos fundamentales como forma de lesionar políticamente a su pareja sentimental” y podría acabar interponiendo una querella por injurias y calumnias contra ellos.
El Congreso estudiará en las próximas semanas el suplicatorio de José Luis Ábalos
El tercer frente judicial que rodea a Pedro Sánchez es el caso Koldo, que estalló hace diez meses. Sin embargo, se ha acelerado en las últimas semanas y el siguiente paso será la votación del suplicatorio a fin de que el Tribunal Supremo pueda investigar formalmente a José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021 y secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021. De momento, la Comisión del Estatuto de los Diputados lo ha citado el próximo lunes 13 de enero para que alegue sobre el suplicatorio: puede presentar sus argumentos por escrito, puede ir a la cámara baja para dar las explicaciones que considere oportunas o puede renunciar a esta defensa. El PSOE ya ha anticipado que votará a favor. Presumiblemente, el pleno del Congreso aprobará el suplicatorio en la segunda quincena de enero.
La decisión del juez Leopoldo Puente llegó hace nueve días: el juez consideró “indiciariamente justificado” que Ábalos podría “haberse beneficiado económicamente” con el caso Koldo y vio “bastantes indicios” para investigarlo al apreciar cuatro posibles delitos (integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación). Dos días más tarde, Ábalos denunció la falta de “rigor” del suplicatorio y pidió la nulidad de la causa alegando que el juez había vulnerado sus derechos fundamentales a causa de una supuesta intervención ilegal de la UCO de la Guardia Civil. De hecho, denunció delante de la Fiscalía que fue investigado ilegalmente porque la Guardia Civil abrió un sobre a su nombre intervenido al hermano de Koldo García.
José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García han declarado en el Supremo durante el mes de diciembre
El mes de diciembre ha estado marcado por tres declaraciones en el Tribunal Supremo. El primero fue Ábalos, que negó las acusaciones contra él. “No hubo comisiones, como he dicho muchas veces”, afirmó delante de los periodistas a la salida. Además, relató que durante la declaración se tocaron “todos los extremos conocidos y publicados” y se mostró satisfecho de “haber dado las aclaraciones suficientes”. Era una declaración voluntaria a la que Ábalos accedió para poder defenderse.
Posteriormente, fue el turno de Víctor de Aldama (el comisionista del caso Koldo), que ratificó sus acusaciones contra Ábalos y aportó conversaciones de WhatsApp para demostrar las comisiones por adjudicaciones de obra pública. Aldama reiteró que llegaron a pagarse entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones y aseguró que pagó tres pisos de Airbnb de Madrid a los que iban Ábalos y el actual ministro Ángel Víctor Torres en compañía de “señoritas”. La respuesta de Ábalos fue presentar en el Supremo un informe con las “25 contradicciones de Aldama”. Antes de todo eso, Víctor de Aldama declaró como investigado en la Audiencia Nacional y fue allí donde apuntó directamente contra Pedro Sánchez, aludió a la visita de Delcy Rodríguez (vicepresidenta de Venezuela) a España y aseguró que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García recibieron sobres de dinero. Esto ha llevado el PSOE a anunciar acciones legales contra él.
🎥 Los momentos clave de la declaración de Víctor de Aldama ante el juez | VÍDEO
Por su parte, Koldo García negó que él, José Luis Ábalos o Santos Cerdán cobraran comisiones. Durante la declaración, no reconoció haber cometido ningún delito, desmintió que hubiera reparto de dinero en el despacho de Ábalos, afirmó que es mentira que Santos Cerdán recibiera un sobre con 15.000 euros y evitó responder sobre el viaje de Delcy Rodríguez. Eso sí, reconoció que Ábalos tenía relación con Aldama, que iba a la sede del Ministerio de Transportes y que incluso llegó a estar “una vez” en su casa.
📝 Ábalos niega al juez del Supremo las acusaciones contra él por el caso Koldo: “No hubo comisiones”
📝 Aldama ratifica sus acusaciones contra Ábalos y aporta conversaciones de WhatsApp sobre comisiones
📝 Koldo García niega en el Supremo que él, José Luis Ábalos o Santos Cerdán cobraran comisiones
El hermano de Sánchez declara como investigado ante una jueza de Badajoz
La causa que ha avanzado menos es la relativa a David Sánchez, el hermano del presidente español. La jueza Beatriz Biedma lo está investigando por un presunto delito contra la administración pública. El caso nació a raíz de una denuncia de Manos Limpias por supuestas irregularidades en la modificación de puestos de trabajo en la Diputación de Badajoz. David Sánchez tendrá que declarar como investigado el jueves 9 de enero. La Fiscalía lo recurrió alegando que la magistrada “no indica los delitos que investiga”, pero Beatriz Biedma cerró la puerta a ello y mantuvo la citación. El 9 de enero también está citado Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE de Extremadura.
🔎 Las tres claves del informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el hermano de Pedro Sánchez
De momento, se ha conocido el informe de la UCO de la Guardia Civil que sirvió de base a la jueza para citarlo como investigado. Se pueden extraer tres conclusiones: se creó su puesto de trabajo después de que el presidente de la Diputación de Badajoz considerara que la propuesta inicial era “excesiva”, la UCO “desconoce de quién partió la iniciativa de la creación del puesto de trabajo” y no hay evidencias de que David Sánchez tenga 1,4 millones de euros en acciones del BBVA. Posteriormente, el mismo banco también lo desmintió. Por otra parte, en agosto, la Agencia Tributaria confirmó que el hermano de Pedro Sánchez tributa en Portugal aunque trabaja para la Diputación de Badajoz, pero descartó que eso suponga ningún delito contra la Hacienda Pública.