Declaración vital. Roger Espar, técnico de gestión administrativa en la Institución de las Letras Catalanas (ILC) del 2013 al 2016, ha declarado hoy como investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y ha asegurado que Laura Borràs como directora de la institución era la que decidía a qué empresas iban los contratos menores de 17.000 euros, según fuentes judiciales. La fiscalía acusa a Borràs de malversación de fondos públicos y de prevaricación por haber adjudicado a un amigo, Isaíes Herrero, que también está investigado, unos trabajos en la web de la entidad. El total de los fondos malversados se sitúan en unos 309.000 euros, y en la causa hay un cuarto investigado, que habría presentado un expediente que en realidad era para Herrero. Solamente Espar, que continúa como funcionario en la ILC, ha pedido declarar ante el juez del TSJC, Jordi Seguí, que tuvo que reabrir la investigación a petición de las partes.
En la declaración de hoy, además de exculparse, Espar, defendido por el abogado Juan Carlos Zayas, ha aportado a la causa dos audios, de llamadas que recibió de Borràs, cuando ella se había ido de la Institución. En un primer mensaje, el 7 de febrero de 2018, Borràs, que ya es diputada al Parlament, le dice que sabe que Mossos están en el ILC y que la próxima vez la avise si hay nuevos registros policiales. En el segundo mensaje, el 26 de junio de 2018, cuando ya es consellera de Cultura, le dice a Espar que Herrero tiene pendiente de cobrar una factura de la Institució y que se le pague. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha pedido una transcripción total de las dos llamadas para ver la conversación completa y para descartar que no esté manipulada.
Intervención
En el interrogatorio, el juez Jordi Seguí ha preguntado al funcionario de la Institució sobre un correo electrónico de junio del 2014, que envió sobre los pasos a seguir en la contratación para la web. Roger Espar ha explicado que hacía un día que había sustituido a la jefa de contratación, que estaba de baja, y que después de una reunión con Borràs ella le pidió que lo pusiera en orden, y ella le envió a Herrero. En la causa también consta como Espar envió un correo a Herrero en el 2016, y él ha indicado que era para decirle que faltaban unos documentos, pero que desconocía totalmente que las ofertas que se presentaban por la web de la ILC eran todas hechas por Isaías Herrero, pero con nombres de empresas y de una cooperativa diferentes. Espar ha insistido en que cuando recibían las ofertas, Borràs, como responsable del órgano de contratación de la Institució, decidía a quién adjudicar los contratos menores.
La defensa de Espar también ha pedido que se incluya a la causa un informe de la Intervención de la Generalitat del 2014, en qué alerta a la Institución que está haciendo un abuso de los contratos menores en el 213, que eran de 17.000 euros, y no hace falta concurso público, y que Borràs contestó que lo estaba haciendo bien. Espar ha indicado que, siguiendo la recomendación de Intervención, preguntó cómo se tenían que hacer los contratos negociados con el fin de cambiar el funcionamiento en el ente, pero que con Borràs no se hizo.
Hoy también ha declarado, como testigo, un responsable de un organismo de la Generalitat que informó a Borràs, como directora del ICL, de la nueva circular 1/2014 sobre como se tenía que hacer la contratación en los entes públicos. Después de esta declaración, Zayas abogado de Espar pedirá el sobreseimiento de la causa contra él. La fiscalía tiene ahora la palabra.