La Fundación Francisco Franco tiene los días contados. El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a poner fin a la organización que alaba y preserva el legado y la memoria del dictador. Así lo ha anunciado el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante su visita a Canarias, donde se encuentra precisamente para convertir la colonia agrícola penitenciaria de Tefia en un lugar de memoria, para restituir la dignidad de las personas LGTBI que fueron sometidas por el franquismo. "Nosotros no ilegalizamos la Fundación, lo que hacemos es extinguirla. Si una Fundación rememora y vanagloria a alguien, no tiene ningún sentido en una democracia", ha dicho Torres durante una entrevista en la SER horas antes de su visita a Fuerteventura. A la pregunta: ¿estamos delante de los últimos días de la Fundación Francisco Franco? Torres ha respondido categóricamente: "Sí".
En el punto de mira de Sánchez
Ya hace tiempo que el Gobierno tiene la Fundación Nacional Francisco Franco en el punto de mira y está estudiando cómo liquidarla a través de la aplicación de la ley de memoria democrática. Fue una de las promesas electorales de Pedro Sánchez que todavía no ha podido cumplir. Según la ley de memoria democrática, concurrirá "causa de extinción cuando las fundaciones no persigan hasta de interés general o hagan actividades contrarias. A estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra estas por su condición de estos".
Cambio en los estatutos por burlar la ley
La noticia, sin embargo, se da un día después de que OK Diario publicara este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ilegalizará la Fundación Francisco Franco porque ahora, concluyen, cumple la ley de memoria democrática. El Consejo de Ministros reconoce implícitamente que no tienen posibilidad de limitar el derecho de asociación a los miembros de esta fundación". El periódico digital del periodista próximo a la ultraderecha, Eduardo Inda, lo argumenta en el hecho que, "recientemente, la organización franquista ha hecho un cambio clave a sus estatutos para adaptarse a las posibles implicaciones de la ley de memoria democrática. Ha incluido en el artículo sobre sus objetivos, un párrafo donde blinda su 'máximo respecto a las víctimas de cualquier significación de España entre 1931 y 1955'. Delante de eso, la hoja de ruta legislativa del Ejecutivo de PSOE y Sumar, que incluía un compromiso de acabar con esta organización, ha sido modificado. En 2024 el Consejo de Ministros ha dejado por escrito que no dará nuevos pasos para acabar con esta fundación". Con esta inclusión en lo que muestra "respeto" a las víctimas entre 1931 y 1955, la FFF pretende burlar la ley.
En los estatutos de la Fundación Francisco Franco se explicita que su misión es "difundir y promover el estudio y el conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como jefe del Estado español, capitán general y generalísimo de los ejércitos; difundir y promover el estudio y el conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977".
Luchar contra el blanqueamiento de la dictadura
Pero parece, por lo que ha dicho este viernes el ministro Torres, que no será así. El camino del gobierno socialista no es ilegalizar la organización, sino liquidarla, o "extinguirla, como asegura quien fue presidente de Canarias, en un momento político donde, precisamente, la proliferación de gobiernos autonómicos donde hay presencia del PP y de Vox (en Aragón, País Valencià y Castilla y León) se está produciendo un "blanqueo" de la dictadura y de la figura de Francisco Franco. De hecho, Torres así lo ha dicho en la misma entrevista, donde ha criticado duramente al Gobierno de Aragón y la ultraderecha por el impulso a unas leyes que considera un blanqueamiento del franquismo. "Aragón habla de la ley de concordia a la vez que deroga los reconocimientos a las víctimas del nazismo", llega a decir al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Este intento de blanqueamineto es la ley de la concordia que impulsa el presidente del gobierno del PP en Aragón, Jorge Azcón, (el Parlamento ya ha dado luz verde) en lo que le piensa seguir a Carlos Mazón en el País Valencià, y Alfonso Fernández Mañueco, en Castilla y León. Según Torres, estas leyes "invaden claramente el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos", explicaba el ministro de Memoria Democrática, defendiendo claramente que "durante la dictadura franquista hubo represión, desapariciones, torturas y marginación por cuestiones políticas que desarrolló un golpe de Estado militar contra un orden democrático que era la Segunda República".
El Valle de Cuelgamuros
El ministro también se ha referido a la situación del Valle de Cuelgamuros, antiguamente conocido como Valle de los Caídos, que el gobierno quiere resignificar para convertirlo en un lugar de memoria democrática. "No exhumamos tumbas del bando vencedor, porque no hay, ya fueron exhumadas", ha explicado Torres sobre las críticas de la derecha a las intenciones del ministerio de Memoria Democrática. El próximo 23 de abril el Consejo de Ministros debatirá la composición de tres comisiones, pero también otros asuntos relacionados precisamente con el Valle de Cuelgamuros. "La ley se desarrollará, le hemos dado un impulso absoluto", explica Torres, que también ha anunciado la adjudicación de 100.000 euros para la creación de un centro de interpretación en la antigua colonia agrícola penitenciaria de Tefía en Fuerteventura como uno de los lugares de memoria previstos a la Ley.