El pasado 28 de octubre empezó a andar el artículo 155 en Catalunya tras su aprobación en el Senado y su puesta en marcha por el Gobierno. El encargado de comunicar sus efectos más inmediatos (la convocatoria de las elecciones del 21-D y el cese del Govern, entre otras medidas) fue el presidente Mariano Rajoy, quien planteó la intervención autonómica como la única opción para parar la vía unilateral de los independentistas, que esa misma tarde hicieron una declaración en el Parlament.

Catalunya ha estado los últimos ocho meses controlada directamente por secretarios de Estado desde Madrid. La Generalitat ha visto como se han cerrado prácticamente todas las delegaciones exteriores y destituido gran parte de sus altos cargos, especialmente aquellos con planteamiento díscolo o con un papel supuestamente clave para el referéndum del 1-O.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado posterior al Consejo de Ministros del 155 señalaba que las medidas concluían coincidiendo con la toma de posesión del "nuevo Govern de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlament de Catalunya". El Gobierno parece comprometido con el fin del 155, y así se ha mostrado reiteradamente. No obstante, hay luces y sombras en el flanco constitucionalista sobre este compromiso, que podría no cumplirse. Buen indicativo son las discrepancias entre unos y otros.

Qué dijo el Gobierno

Los de Rajoy han reiterado su intención de acabar con el artículo 155 justo cuando haya nuevo Govern, aunque la intervención se mantendrá con matices. Tal como contó el viernes pasado el mismo ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, el 155 se terminará con el ejecutivo de Torra, aunque se mantendrá el control mensual del FLA.

El nuevo ejecutivo mantendrá vigiladas las cuentas de la financiación enviada por el Estado, una medida anterior al 155, aunque asegura que el resto de la intervención decaerá de forma inmediata y automática. No obstante, el compromiso es endeble y la amenaza del 155 se mantiene y se circunscribe al respeto al orden legal por parte del nuevo Govern, que estará más controlado y vigilado que nunca.

Cs, por la vía dura

Precisamente, esta posibilidad abierta por el Gobierno de recuperar el 155 es una forma de satisfacer las demandas de Ciudadanos, quienes han reclamado más dureza para el independentismo. Sin ir más lejos, Rivera retiró el apoyo a Rajoy por su "laxitud" con Catalunya en un tenso cara a cara en el Congreso el pasado miércoles. 

Rivera prefiere una vía dura, contundente, con intervención —a parte de las cuentas— en ámbitos como la enseñanza o bien en el Parlament, especialmente después de que el gobierno del PP se haya negado a recurrir el voto delegado de Puigdemont y Comín. "No puedo apoyar que nos metan goles con facturas falsas, no puedo apoyar que en la educación se señalen a los hijos de la Guardia Civil, no puedo apoyar que no se recurra el voto de Puigdemont y Comín..." y llegó a decir que no puede apoyar el 155 "si Rajoy no lo aplica".

El líder de Ciudadanos apuesta por una renuncia total del independentismo. Dicho de otra manera, o se acatan las leyes actuales, o nada de retirar el 155. Algo parecido piensan algunos perfiles del PP, como el mismo delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, uno de los primeros en advertir de mantener una intervención con un nuevo Govern, algo que también se ha podido oír de otros líderes populares, como Fernando Martínez Maíllo.