A la vista del estado en el que habían quedado, el general Galindo ordenó a dos agentes que se deshicieran de ellos. Habían sido secuestrados el 15 de octubre del 83 en Baiona, en una de las primeras acciines de los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL) contra supuestos miembros de ETA. De allí fueron trasladados al cuartel de Intxaurrondo, donde fueron sometidos a sangrientas torturas. Con conocimiento del gobernador Civil, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa encargó su desaparición. Sus restos fueron encontrados dos años más tarde por un cazador en el municipio alicantino de Busot. Diez años tardaron en identificar los cadáveres de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, enterrados bajo cal viva.
Este caso, a diferencia de la mayoría, sí que fue juzgado y sentenciado. Fueron condenados el general Enrique Rodríguez Galindo, el teniente coronel Ángel Vaquero, el gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, y los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo. Recibieron penas por un total de 365 años de prisión. Cumplieron entre uno y seis años. Ya cumplieron más que los responsables del Ministerio del Interior, que se fueron de rositas. Había hilo de donde tirar, pero la Audiencia Nacional se inhibió.
Gracias sobre todo a la investigación periodística en su momento, sabemos que los GAL eran grupos parapoliciales de mercenarios que, bajo las órdenes de los gobiernos de Felipe González durante los años ochenta, practicaron el terrorismo de estado y la guerra sucia contra el supuesto entorno de ETA. A cargo de fondos reservados del Ministerio del Interior, acabaron con la vida de al menos 27 personas, en el País Vasco español y en Iparralde. A eso hay que sumarle torturas, secuestros y malversación de fondos públicos. La responsabilidad llegaba hasta la cúspide del Estado. Los mismos implicados señalaban González como "la X de los GAL", como el expolicía José Amedo.
Pero nadie nunca ha hecho nada para averiguar al menos qué responsabilidad tenía el expresidente del Gobierno. Los platos rotos los pagaron su ministro del Interior, José Barrionuevo, y su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. Los dos fueron condenados a diez años de prisión por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, la primera acción reivindicada por los GAL. El mismo Felipe González les acompañó en su ingreso al centro penitenciario. A duras penas pasaron cien días entre rejas. Gracias a un indulto del gobierno de José María Aznar, fueron liberados el 24 de diciembre de 1998, para poder pasar la Navidad en casa.
Esta semana ha vuelto a aparecer la X de la ecuación, gracias a la publicación de un informe desclasificado de la CIA. Los servicios secretos de los Estados Unidos aseguraban el año 84 que "González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios controlados por el ejército para combatir a los terroristas al margen de la ley". El informe señalaba que "el gobierno parece determinado a adoptar una estrategia poco ortodoxa para combatir a ETA". Advertía que "si se confirmara la supuesta implicación de Madrid" con los GAL, "las credenciales democráticas del Gobierno y del PSOE quedarían gravemente dañadas".
Sin embargo, tres décadas después de los hechos, ningún tribunal ha querido subir más en su investigación, ni siquiera para intentar aclarar o descartar las responsabilidades de González. No lo ha hecho a pesar de declaraciones reveladoras como las del mismo exmandatario. "Nunca hemos tenido peor resultado en el País Vasco a pesar de las cosas que hicimos", decía el expresidente español en una entrevista en 2016. O con el secuestro —para González "detención"— de Marey: "A Segundo Marey le salva la orden de Pepe Barrionuevo para que lo suelten cuando se entera de que está detenido".
El recorrido judicial ha sido más bien limitado. "Tan sólo unos pocos casos han sido llevados a los tribunales, aunque su recorrido judicial ha sido escaso y la mayoría se archivó", señala un informe de la Fundación Egiari Zor, que defiende a las víctimas de todas las violencias. "En los casos en que hubo condenados, se promovieron indultos o beneficios penitenciarios, de manera que las excarcelaciones por estas condenas fueron inmediatas", constata el documento del año 2014.
Los GAL no fueron los únicos que combatieron en el marco de la guerra sucia. Los ultraderechistas Batallón Vasco Español y la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) también dejaron 41 muertos. Los Grupos Armados Españoles dejaron dos víctimas más. Doce casos no han sido reivindicados por nadie.
Altos porcentajes de impunidad
En otro informe, de 2016, Amnistía Internacional advertía que "todavía queda mucho por hacer para que víctimas de ETA y de otros grupos armados, como los GAL, puedan acceder a verdad, justicia y reparación". La organización de defensa de los derechos humanos señalaba los atentados "que cometieron en conexión con funcionarios del Estado". De la misma manera, reclamaba investigar los miles de casos de tortura por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "en el marco de la lucha antiterrorista" y a quienes los derechos verdad, justicia y reparación no se reconocen. Amnistía constataba que "el Estado ni siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura", una práctica que llegó a ser sistemática durante los años más negros de ETA y la guerra sucia. Ha merecido numerosas condenas del Tribunal de Estrasburgo.
Los datos son los que son: las de más de tres décadas de impunidad. Son quienes menos derecho a la verdad han tenido de todas las víctimas de violencias en el conflicto. Un informe exhaustivo del gobierno vasco, elaborado en 2014, analizó la situación procesal de los 927 asesinatos terroristas de todo signo entre los años 1960 y 2014. Concluía que el 23,2% de los crímenes de ETA estaban sin aclarar. En cambio, con respecto a los crímenes de los GAL, el 37% permanecían sin aclarar, archivados por la justicia. Sólo el 44% habían sido juzgados con sentencia judicial. El 18,51% se estaban instruyendo en Francia, tampoco sin resolución judicial. Con respecto a los 41 asesinatos cometidos por el Batallón Vasco Español (BVE), sólo había sentencia para el 15% de los casos. El 25% había sido archivado, sin aclarar, y del 60% no tenía datos.
Omertá en el Congreso
No se quieren aclarar las responsabilidades penales en los tribunales, pero tampoco las responsabilidades políticas en el Congreso de los Diputados. La petición de comisión registrada por independentistas y nacionalistas seguirá la semana que viene el mismo camino que las anteriores sobre las comisiones del Rey emérito en Arabia Saudí. Después de rectificar, Unidas Podemos se quedará sola en la mesa. La pinza PSOE-PP-Vox impondrá nuevamente la omertá, como con Juan Carlos I.
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