El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha negado que fuera informado por ningún técnico o responsable municipal de la instalación de dos antenas de telefonía móvil de forma ilegal al lado de la comisaría de la Guardia Urbana en el Turó del Caritg, en julio del 2012. "Si me hubiesen informado de una irregularidad, habría actuado, tal como hice unos meses antes, con una obra irregular que me avisó un vecino, y luego presentamos una querella. Es absurdo no actuar", ha afirmado el alcalde del PP este lunes ante el tribunal de la sección 5.ª de la Audiencia de Barcelona, que lo juzga por un delito continuado de prevaricación. En la quinta sesión del juicio, se ha hecho el interrogatorio de tres de los seis acusados. El alcalde de Badalona ha añadido que se enteró de la irregularidad de las antenas, seis años después, cuando los medios de comunicación se hicieron eco con los requerimientos policiales al Ayuntamiento.
Inicialmente, la Fiscalía pide para García Albiol 2 años y 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación a cargo público por un delito de prevaricación continuada al considerarlo el máximo responsable de permitir estas instalaciones. En la vista de este martes, la fiscal tendrá que anunciar si mantiene la petición de castigo o la modifica.
"Hace cuatro años que espero que se me escuche"
En el interrogatorio, García Albiol también ha declarado que no recuerda que se reuniera con responsables de la Guardia Urbana, los cuales explicaron al tribunal que solo le platearon al alcalde que tenían miedo de las radiaciones de las antenas provisionales y si eran cancerígenas, pero no de la legalidad de las licencias.
"Señora fiscal, llevo cuatro años esperando para que se me escuche", ha contestado García Albiol a la fiscal Laura Ricart, especializada de Urbanismo y Medio Ambiente, cuando esta le ha pedido que solo contestara a sus preguntas y que no se alargara en sus respuestas. El alcalde popular también se ha quejado ante la insistencia de la fiscal sobre las licencias: "Son preguntas de examen!"
El alcalde de Badalona ha insistido que con su cargo no puede llevar el control de la legalidad de todo: "También soy el presidente del Hospital municipal de Badalona y otras entidades. Pretender que el alcalde de la tercera ciudad más poblada de Catalunya controle cada movimiento de sus sociedades, es imposible."
Responsabilidad de Engestur y de Patrimonio
A preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, el alcalde García Albiol ha indicado que en su primer mandato, del 2011 en el 2015, el pleno del Ayuntamiento de Badalona nombró de forma unánime que Tomàs Vizcaíno, fuera el delegado general de la empresa municipal Engestur, a la cual se le concedió el control de la instalación de antenas de telefonía móvil en el municipio. "Es ingeniero y tiene un currículum brillante", ha declarado de Vzcaíno el alcalde.
La Fiscalía pide para Vizcaíno 2 años y 10 meses de prisión, a quien acusa de cooperador por haber dejado que Vodafone y Movistar estuvieran hasta el 2018 -las empresas retiraron las antenas al no obtener permiso- sin pagar licencias urbanístico y ambiental ni ningún canon.
El alcalde de Badalona también ha negado que conociera que Engestur hubiera derivado el control de las antenas a la empresa MSR, y ha asegurado: "Al señor Miguel Ángel Sánchez Ruiz lo conozco porque es presidente de un club de fútbol de Badalona, nada más."
En su declaración, García Albiol ha explicado que se quedó la responsabilidad directa del área de Territorio porque se tenía que transformar el litoral badalonés, con la construcción de un puerto y un canal al barrio del Gorg, y que además "quería hacer una obra de mejora a cada barrio". También ha asegurado que nombró Xavier Salvà gerente de Urbanismo porque "tenía mucha experiencia y credibilidad" porque en el anterior gobierno municipal fue el encargado de actuar por las Olimpiadas 1992.
Por su parte, el gerente de Urbanismo hasta junio de 2015, Xavier Salvà, ha negado que fuera informado por la empresa Engestur sobre la tramitación que hacía falta para instalar las antenas en el Turó d'en Caritg. También ha negado que fuera el interlocutor con Vodafone, como declararon dos técnicos.
Salvà firmó un informe el 2009 en el cual denegaba la instalación de una antena de telefonía móvil en el Turó d'en Caritg, al asegurar que se quería hacer una instalación fija, y no una provisional, como las instaladas el 2012. Para Salvà, el control de las antenas era de Engestur y del área de Patrimonio. La Fiscalía también pide para Salvà la pena de 2 años y 10 meses de prisión como colaborador del delito de prevaricación.
El regidor de Seguridad, "perseguido" por un sindicato de la Urbana
El tercer procesado que ha declarado ante la Audiencia de Barcelona ha sido la exregidor de Seguridad Ciudadana de Badalona y actual regidor del PP a Santa Coloma, Miguel Jurado, que también ha negado que tuviera conocimiento que las dos antenas se instalaron sin ningún tipo de permiso. Jurado ha añadido que en no tener conocimiento de ninguna irregularidad no habló de ello con el alcalde Albiol, con el que se veían frecuentemente.
A preguntas de su abogado, el penalista Josep Riba, el exregidor popular ha asegurado que su mandato fue un calvario: "Fue perseguido" por un sindicato policial porque quería ser el único representado en la Guardia Urbana y que le presentaron "5 o 6 demandas". Ha añadido que se reunió con el jefe policial, pero siempre para tratar el temor de los agentes a las emisiones de las antenas, y que "montó una comisión con Medio Ambiente" para aclararlo. Para a Jurado, la Fiscalía pide un año de inhabilitación a cargo público por el delito de omisión del deber de perseguir delito.
Tres interrogatorios finales
La Audiencia de Barcelona retoma el juicio del caso de las antenas de Badalona este martes con la declaración de los otros tres acusados: el consejero delegado de Engestur, Tomás Vizcaíno, a quién todo el mundo responsabiliza del control de las antenas; el exregidor de Urbanismo el 2015, Oriol Lladó (ERC), y Josep Duran, jefe del departamento de licencias y obras en el mandato de la alcaldesa Dolors Sabater. Para Lladó y Duran, la Fiscalía solicita un año y seis meses de prisión por el delito de prevaricación urbanística.
Acabados los interrogatorios, la fiscal especializada en Urbanismo y Medio Ambiente anunciará si mantiene las penas de prisión solicitadas o no.