En campaña electoral. El magistrado Manuel García-Castellón ha citado a declarar como testigos a los dos agentes de la policía española que resultaron heridos en los disturbios de plaza Urquinaona, el 18 de octubre de 2019, contra la sentencia del Supremo a los líderes catalanes, y que son acusación particular en la causa de Tsunami Democràtic. El juez de la Audiencia Nacional los ha citado el 14 de mayo, justo dos días después de las elecciones de Catalunya del 12-M, según una resolución comunicada este martes, en la recta final de la campaña a la presidencia de la Generalitat. La nueva resolución del juez vuelve a ser paralela a las actuaciones políticas, ya que, además de actuar en campaña electoral, se ha anunciado que la ley de amnistía, que tendría que hacer archivar el caso Tsunami, se aprobaría en el pleno del Congreso de los Diputados del próximo 30 de mayo.
Los dos agentes, con los números de carné profesional 104440 y 91464, resultaron gravemente heridos después de una de las protestas, pero no se ha identificado a ninguno de los autores de sus lesiones, ni se ha demostrado que los diez investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional estuvieran en la protesta, ni tampoco el president en el exilio Carles Puigdemont ni el diputado de ERC Ruben Wagensberg, que por su aforo son investigados en el Tribunal Supremo. Los dos policías han sido noticia recientemente porque han pedido al Gobierno una indemnización como víctimas de terrorismo, a pesar de que todavía ni se ha juzgado el caso Tsunami, un requisito imprescindible, según la normativa.
Oferta de videoconferencia
La instructora del Supremo ha ofrecido a Puigdemont y a Wagensberg declarar de forma voluntaria y por videoconferencia —un hecho excepcional— al constatar que no están en el estado español, a partir del 17 de junio. Una fecha en la que Puigdemont ya no tendría la inmunidad como diputado europeo, aunque sería aforado en el TSJC, ya que obtendrá acta de diputado en las elecciones del 12-M, donde aspira a volver a ser investido president de la Generalitat.
Precisamente, el juez García-Castellón ha citado a los dos agentes que declaren en su juzgado de forma presencial, mientras, de forma excepcional, ha ofrecido a los abogados que pueden participar en el interrogatorio por videoconferencia. Es una medida acordada porque son muchas partes, pero también se interpreta que el juez no quiere perder tiempo. Y es que además de los 10 abogados defensores, está la Fiscalía —bastante crítica con el juez— y los letrados de las acusaciones de Vox, una fundación del PP y el abogado de los dos policías.
Por ahora, el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional no ha citado a declarar a los 10 investigados por terrorismo de Tsunami, de los cuales solo 3 continúan en el estado español (Josep Lluís Alay, Oriol Soler y Marta Molina), y el resto se han exiliado en Suiza al considerar que no tienen garantizados sus derechos.