El president Carles Puigdemont se reunió con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en Bruselas el 30 de octubre pasado. Era la certificación de que las conversaciones entre Junts y el partido socialista para la investidura avanzaban y lo hacían con la ley de amnistía como telón de fondo. Eso pasaba un lunes. Una semana después, el 6 de noviembre, también lunes, el juez de la Audiencia Manuel García-Castellón anunció que investigaba a Carles Puigdemont y a once personas más por terrorismo en el marco de la causa contra Tsunami Democràtic. Lo hacía después de cuatro años de instrucción sin haber apuntado esta vía, por lo cual, Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del también investigado en este caso Josep Alay, presentó una batería de preguntas para saber en qué momento arrancó esta investigación. El juez ha respondido limitándose a situar el inicio justo en el momento en que comunicó su decisión.
En la respuesta a Boye, García Castellón "pone en conocimiento de la parte, que la fecha en que se empezó a investigar al citado investigado [Josep Alay] y a Carles Puigdemont es la del 06-noviembre-2023". A partir de aquel momento, la investigación empezó a atribuirles la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto a una consecuencia directa de las protestas organizadas por Tsunami contra la sentencia que condenaba a los líderes del Procés.
Actuaciones previas
El 28 de noviembre, Boye presentó una batería de preguntas al juez sobre la instrucción. Reclamó información sobre todas las diligencias de investigación acordadas desde que se abrió el procedimiento el 29 de octubre del 2019; las órdenes europeas de investigación cursadas desde aquella fecha; las comisiones rogatorias internacionales activadas; el total de personas investigadas "oficialmente y no oficialmente" desde el momento en que se abrió el procedimiento y desglosando las diligencias previas; las fechas entre las cuales se mantuvo en secreto el procedimiento, "con especial atención a todas las prórrogas"; y las declaraciones de los testigos, peritos e investigados en el procedimiento desde su apertura el 29 de octubre y desglosando las diligencias previas.
La intención de Boye era saber qué pesquisas se habían llevado a cabo en torno a la muerte del ciudadano francés, que desde el primer momento se atribuyó a una afección cardíaca, pero cuya inclusión en una investigación por terrorismo había obligado a comunicárselo al estado afectado, y a la emisión de órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias internacionales.
El juez, sin embargo, no ha aportado más información que la fecha en la que se hizo pública su decisión de abrir la investigación por terrorismo, con lo cual es él mismo quien circunscribe a este momento la puesta en marcha de esta vía. Sin aportar ninguna información sobre las actuaciones que reclama el abogado.
Además, García-Castellón asegura que no consta ninguna comunicación recibida ni emitida en el Parlamento Europeo. La condición de Carles Puigdemont como eurodiputado obligaría a presentar un nuevo suplicatorio si la Audiencia quiere investigarlo por este caso. Por el momento, el juez se ha limitado a ofrecerle que se persone voluntariamente.