La seguridad del Estado español, primero. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha denegado a una juez de Andorra de aportarle la documentación y los audios que se llevaron en los registros del domicilio del comisario José Manuel Villarejo, en la macrocausa del caso Tándem, para poder aclarar la querella de la familia Pujol Ferrusola por la difusión de sus datos bancarios en el 2014 y 2017. Los argumentos son dos: la petición es "muy genérica e indiscriminada" y Villarejo actuó del 2012 en el 2016 como agente de la policía española, y, por lo tanto, sería autoridad, y sus famosas notas informativas y audios serían "oficiales" y "sometidos a secreto oficial". Así, el juez, con el apoyo de la Fiscalía, concluye que la ley permite denegar una comisión rogatoria internacional "por razones de seguridad nacional", como sostiene que es este caso.
Una afirmación que sorprende porque las notas informativas y los audios han sido difundidos ampliamente por los medios de comunicación españoles. ElNacional.cat difundió nuevas notas informativas y evidencias de la persecución de la familia del president de la Generalitat por parte de la policía patriótica del gobierno de Mariano Rajoy en los Papeles la Operación Catalunya. Además, hasta ahora, el magistrado de la Audiencia Nacional y la Fiscalía siempre han querido desvincular de las causas contra Villarejo su papel oficial como agente de policía, y sostienen que lo hacía por motivos privados.
La respuesta negativa del juez García-Castellón a Andorra es del 8 de febrero de 2023, el enlace de Justicia envió el febrero pasado, y el 11 de abril pasado ha sido comunicado al abogado de la familia Pujol Ferrusola, tal como ha adelantado El Mon este miércoles y ha confirmado ElNacional.cat. La familia Pujol Ferrsuola presentó la querella el agosto de 2014 por el delito mayor de violación de secretos por profesional contra profesionales de Andbank y la BPA, cuando una parte de sus cuentas en Andorra salió en el conocido pantallazo en el diario ElMundo, el 7 julio de 2014. Después han acusado a los anteriores dueños de la BPA, los hermanos Cierco, contra el directivo del banco Joan Pau Miquel, y los comisarios de la policía española Celestino Barroso y Marcelino Martín Blas. Esta causa es investigada por la juez especializada 1 de Andorra, Alexandra Terés, la cual ha requerido hasta 6 veces la colaboración de la justicia española, desde el 2020, y ahora se la han denegado.
Paralelamente, cuando los hermanos Cierco denunciaron haber sido extorsionados por la policía patriótica del PP, se abrió un segundo procedimiento, por la batlle especializada 2, en la cual se añadió la familia Pujol, como también el Instituto de Derechos Humanos de Andorra con la entidad catalana Drets, donde se acusa el expresidente español Mariano Rajoy, dos de sus ministros y miembros de la policía española. Tribunales españoles bloquean aunque se pueda interrogar Rajoy.
Además, el magistrado García-Castellón también ha denegado a Jordi Pujol Ferrusola personarse cómo uno de los afectados del espionaje de Villarejo y de las prácticas realizadas por instituciones del gobierno español, que considera ilegales. Tardó más de dos años al darle respuesta.
Tres acciones bajo sospecha
En la causa de Andorra, el fiscal considera que se tienen que aclarar tres acciones bajo sospecha. La primera es la noticia de El Mundo, en la cual salía un recuadro con las cuentas bancarias que Marta Ferrusola y sus hijos Jordi, Marta, Mireia, Pere y Oleger Pujol tenían a Andbank, que después pasaron a la BPA. De este hecho, el comisario jubilado Villarejo se jacta de haberlo conseguido en una conversación que grabó con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
La segunda es que el titular del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional que investigaba el primogénito del president Pujol habría tenido conocimiento de una operación bancaria antes de la tramitación de la comisión rogatoria internacional pertinente. En concreto, el traspaso de 2,4 millones de euros de la cuenta de Jordi Pujol Ferrussola a la sociedad mexicana Anzuelos Soluciones, el agosto del 2014. En este sentido, el fiscal expone que el juez de la Audiencia Nacional pidió información a las autoridades andorranas por esta operación el 29 de julio y el 22 de octubre de 2014, pero en un informe Villarejo dice el 1 de julio de 2014 que se está a la espera de una comisión rogatoria cuando esta no se había emitido todavía.
La Operación Cataluña también ha destapado que la policía española usó la autoridad antiblanqueo para pedir información de los Pujol y del president Mas a otros países sin amparo legal y a partir de sospechas
Finalmente, la aportación de documentos bancarios de la familia Pujol Ferrusola a la Fiscalía Anticorrupción por parte de los antiguos propietarios de la BPA, el 31 de marzo de 2017.
Es por todo esto, que el fiscal andorrano informó la juez, el febrero de 2023, que se tenía que insistir al juez García-Castellón para obtener todo lo relacionado de Andorra que tenía guardado Villarejo. Nada se ha querido aclarar desde los tribunales españoles.