Enfadado. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dictado una resolución, en la cual responde a las autoridades de Suiza que los tratados internacionales suscritos por los dos países "prohíben" rechazar la solicitud de asistencia judicial en delitos de terrorismo apelando a motivos políticos, tal como han hecho en la causa de Tsunami Democràtic. En este caso, el juez sostiene que hay indicios del delito de terrorismo para imputar al president Carles Puigdemont, —como la mayoría de fiscales del Tribunal Supremo— la secretaría general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas más, según ha informado al tribunal este miércoles.

El magistrado también califica de "incongruente" que los tribunales helvéticos le pregunten por la amnistía por los hechos del Procés, cuando —indica— es un ámbito del legislativo, que esta futura ley todavía está en tramitación, y que "los jueces solo aplican las leyes y no hacen valoraciones". No obstante, se ha acusado a García-Castellón de lawfare por querer torpedear con resoluciones judiciales el acuerdo sobre la amnistía. Además, pide una reunión urgente a las autoridades suizas "sin el Ministerio de Justicia" para aclarar dudas.

No es terrorismo

En su respuesta, Suiza explica al juez García-Castellón que el 2020 ya le comunicó que los hechos imputados a Tsunami no eran encajables en el delito de terrorismo —y, por tanto, no incumple ninguna norma en negarse a colaborar— y que consideraba que se enmarcaban en un conflicto político, motivo por el cual su legislación le prohíbe colaborar. Añadía que en esta segunda petición solo le daba más detalles de las protestas masivas en los aeropuertos del Prat y Barajas (esta última no se hizo), y que le pedía la localización de Rovira, petición que también criticaba porque la podía hacer a través del sistema policial, que es más ágil.

 

Investigación de la filtración

Paralelamente, el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación "reservada" para aclarar si "funcionarios o autoridades" cometieron el delito de revelación de secretos, cuando se difundió, este martes, la respuesta de las autoridades helvéticas a la comisión rogatoria internacional, que el juez les envió el noviembre pasado. La respuesta de estas peticiones siempre pasan antes por el Ministerio de Justicia, que encabeza Félix Bolaños, que realiza su traducción. La respuesta de Suiza fue recibida en el ministerio el 29 de diciembre pasado y se ha comunicado y difundido dos meses después.

 

Sin respuesta

En la interlocutoria, el juez critica que, desde el noviembre pasado, fecha en la cual se cursó la comisión rogatoria al país helvético se solicitó también una reunión de coordinación en el marco de Eurojust con carácter urgente con "la voluntad de aclarar las cuestiones relativas de auxilio judicial de la Audiencia Nacional, sin haber obtenido respuesta por parte de las autoridades suizas".

El magistrado García-Castellón califica esta situación de "particularmente extraña", puesto que sostiene que hay "una confianza recíproca" en la cooperación entre ambos estados. “Se desconoce la razón por la cual no se ha efectuado hasta el momento la reunión solicitada por este instructor, pero tiene que recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes”, remacha el juez para mostrar su enojo, y recuerda que ha sido muchos años juez de enlace con Italia y Francia.

La amnistía

En el escrito, el juez considera que es “llamativa” la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza sobre las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los 12 encausados y considerados impulsores de la plataforma anónima Tsunami Democrático, cuando su argumento es que no puede colaborar porque es una causa política, del independentismo catalán frente el Estado español. García-Castellón recuerda que "en el Reino de España, así como en las democracias de la UE, la función de los jueces es juzgar y hacer ejecutar el juzgado", y añade que "el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo y que, por lo tanto, no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar".
 

"Desprecio" de Rovira

En relación, a la localización de Marta Rovira, García-Castellón contesta que ha pedido el auxilio judicial en lugar del sistema policial para garantizar mejor sus derechos. Con todo, el juez critica a la líder republicana porque sostiene que no ha indicado su domicilio en Suiza, sino la sede de ERC en Barcelona, hecho que califica de "desprecio" al sistema procesal. No obstante, el magistrado no informa que Iñigo Iruín se personó en el juzgado como abogado de Rovira, cuando el juez la imputó, el 6 de noviembre pasado, el día siguiente al acuerdo por la amnistía, entre el PSOE, Junts y ERC.

Y sobre la reclamación de información sobre una cuenta corriente hasta junio de 2020, el magistrado sostiene que en aquellas fechas Tsunami también quería "perpetrar" actuaciones, sin concretar ninguna.