El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dejado en libertad a la dirigente de ERC Marta Molina, investigada por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, después de declarar por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona en los juzgados centrales de Madrid, este miércoles. Molina, que solo ha contestado a las preguntas de su abogada, Marina Roig, ha negado que ella hiciera un llamamiento a la violencia, que seguía los comunicados de Tsunami desde los medios de comunicación, en los que tampoco vio ningún llamamiento a la violencia. Además, Molina ha insistido en afirmar que "el independentismo catalán no es violento". La Guardia Civil sostiene que Molina coordinó algunas movilizaciones de Tsunami, como intentar parar el aeropuerto de Barajas. El magistrado no ha dado el turno de palabra a los abogados de las acusaciones de las entidades españolistas (los dos policías, Vox, Sociedad Civil Catalana y Dignidad y Justicia), que no han podido pedir su prisión provisional, y ha dado por cerrada la comunicación. A la vista, no ha ido el representante de la Fiscalía, pero sí la letrada de la Abogacía del Estado, según fuentes judiciales. La declaración ha durado cinco minutos justos.
Marta Molina ha sido acompañada a las puertas de los juzgados por representantes políticos, en un acto de unidad del independentismo. Nuevamente, líderes de ERC, Junts y la CUP, además del presidente de Òmnium Cultural, han insistido a denunciar que la causa de Tsunami es política y se ha impulsado para dinamitar la ley de amnistía, que se tiene que aprobar la próxima semana en el Congreso de los Diputados, y debería provocar el archivo de esta causa y las que afectan al resto de independentistas.
¿Qué pasa con el resto de investigados?
Además de Molina, el titular del juzgado central de instrucción 6 también había citado para hoy a siete de los diez investigados en la causa de Tsunami en la Audiencia Nacional, a pesar de que sus abogados habían pedido hacerlo desde Suiza o Colombia. Habrá que ver ahora si las acusaciones piden una orden de detención internacional de los investigados y si el juez García-Castellón lo acuerda. Son el exconseller Xavier Vendrell, que está en Colombia, donde trabaja; el periodista Jesús Rodríguez, que cuando fue imputado por terrorismo, en noviembre pasado, se marchó a Suiza; el vocal de Òmnium Oleguer Serra, cuya decisión ha defendio el presidente de la entidad, Xavier Antich, y el activista Josep Campmajó.
El magistrado aprobó el aplazamiento de las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira; de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, y del empresario Oriol Soler. Además, el informático Jaume Cabaní y el italiano Flavio Giulio Foglia están por ahora en paradero desconocido. El juez ha pedido a las autoridades italianas que le busquen dónde vive.
Declaraciones en el Supremo
Paralelamente, la magistrada del Supremo que instruye Tsunami, Susana Polo, ha permitido al president en el exilio, Carles Puigdemont, y al diputado de ERC Rubén Wagensberg, que declaren desde el extranjero y la semana del 17 junio. La ley de la amnistía ya estará en vigor, y si se ha publicado en el BOE, la magistrada debería archivar la causa contra ambos.