La supuesta trama rusa de apoyo al independentismo catalán hace aguas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado al juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, una resolución que dictó en julio de 2020 el magistrado Alejandro Abascal, de refuerzo en este juzgado especial, en la cual cierra una investigación sobre "un supuesto ciberataque ideado perpetrado por personas afines al movimiento independentista catalán y miembros de agencias de la Federación Rusa" por falta de indicios y donde asegura que "solo hay opiniones". El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona pidió a su colega esta investigación, hecha por la Comisaría General de Información de la policía española, al verla pedida por el abogado de los dos policías heridos y personados como acusación en la causa de Tsunami Democràtic, en la Audiencia Nacional. Ahora, las defensas del caso Volhov, tienen conocimiento de esta resolución muy crítica del juez Abascal contra esta unidad policial, a la que le deniega medidas restrictivas de derechos para investigar personas, y destaca que "el hecho de tener una ideología o ser del movimiento independentista catalán, no es delictivo".
A pesar de la advertencia del magistrado de la Audiencia Nacional, que le llegó el marzo pasado, el juez de Barcelona no le ha hecho caso y ha cambiado a su unidad de la policía judicial en el caso Volhov: ha dejado la Guardia Civil por la Comisaría General de Información, a la cual ha encargado una nueva pieza de la trama rusa, donde implica a los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y once personas más por el delito de traición, aunque la Audiencia de Barcelona le ordenó, el mayo pasado, que no investigue más, y que enviara el caso Volhov a juicio o lo archive. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se levante el secreto de esta última investigación, pero todavía no ha dicho nada sobre si hay que dar carpetazo final al caso Volhov. Por su parte, el abogado del presidente Puigdemont, Gonzalo Boye, ya anunció que presentaría una querella contra el juez Aguirre por prevaricación. Y ante la persecución al independentismo, el jefe de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, imputado en el caso Volhov desde el 2020 y ahora en la nueva pieza, testimonió y documentó ante notario sus tres viajes a Rusia para desmontar incriminaciones.
Información de un testigo protegido
La Comisaría General de Información aportó el noviembre de 2019 esta información al juez de la Audiencia Nacional sobre un supuesto acuerdo de responsables rusos con el movimiento independentista catalán, los cuales —aseguraba— no solo querían colaborar en la independencia de Catalunya, sino también "desestabilizar Europa". Un argumento repetido por el juez Aguirre en sus resoluciones del caso Volhov. Todo se basaba en el testimonio de una persona, que declaró como testigo protegido (TP 2/19), y que dio un listado de nombres de personas y empresarios catalanes y de agentes rusos.
Es el caso de Sergey Fedotov (también conocido como Marcov), un espía ruso del Departamento Central de Inteligencia (GRU), que junto a otros seis miembros de la organización visitó Catalunya entre 2014 y 2019, según la prensa española, pero que de los cuales no se vincula ninguna acción con el gobierno catalán. Así lo concluyó el juez Abascal, que solo era "información periodística", después de pedir a la policía española un informe sobre la "verosimilitud y objetividad" del que decía el informador. El magistrado de la Audiencia Nacional cerró las diligencias de investigación 86/2019 porque en palabras suyas "no hay sustrato fáctico sobre el cual edificar una investigación penal".
Finalmente, desde el juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional se informa el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona que en las diligencias previas 85/2019 (son las de Tsunami) no existe nada relacionado con rusos, y que tampoco ha enviado comisiones rogatorias ni órdenes europeas de investigación a Alemania ni en el Reino Unido. Inicialmente, el juez Aguirre pensaba que se habían enviado órdenes de investigación del paradero del informático Jaume Cabaní, investigado al caso Volhov y derivado a la Audiencia Nacional en el caso Tsunami Democrático, a requerimiento del magistrado García-Castellón, como el resto de investigados. Hasta ahora, el juez Aguirre no ha pedido la búsqueda de Cabaní, a pesar de considerarlo clave en la supuesta financiación con criptomonedas de una futura Catalunya independiente.