Todos los focos se dirigen al juez Manuel García-Castellón desde que la semana pasada la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, reprochó que este magistrado de la Audiencia Nacional acostumbra a actuar "en momentos políticos sensibles". Ribera se refería al hecho de que el juez, en contra del criterio de la Fiscalía, ha decidido investigar por terrorismo al president Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, justo en plena negociación sobre la ley de amnistía. No es esta, sin embargo, la única intervención del juez en relación con Catalunya y el independentismo. García-Castellón es también el responsable de procesar por terrorismo a 9 ciudadanos en la Operación Judas y el responsable de rechazar durante los últimos años hasta cinco querellas presentadas por afectados en la Operación Catalunya a pesar de disponer de información para impulsar las investigaciones. El excomisario José Manuel Villarejo confirmó el viernes que los documentos publicados la semana pasada que demuestran la implicación del gobierno de Mariano Rajoy en la guerra sucia contra el independentismo están en manos del juez.

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La vicepresidenta española se encargó de destapar la polémica cuando subrayó en declaraciones en TVE el hecho de que García-Castellón incluyera la investigación por terrorismo contra Puigdemont y Rovira justo cuando el debate político está centrado en la ley de amnistía. "Nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en la misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y acostumbra a salir a colación en momentos políticos sensibles", reprochó Teresa Ribera en declaraciones en TVE. Esta vez no era un dirigente independentista quien lanzaba una acusación de lawfare contra un juez, sino un miembro del Gobierno. Las declaraciones de la vicepresidenta provocaron una lluvia de acusaciones del PP contra el ejecutivo y contra Pedro Sánchez, así como la reacción en tromba de las asociaciones judiciales y del Consejo General del Poder Judicial. También la Audiencia Nacional tuvo que rechazar, en un auto en respuesta a un recurso de Josep Lluís Alay que haya "motivación política" tras las resoluciones del juez.

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Indicios por la Operación Catalunya

No obstante, el excomisario José Manuel Villarejo dejó claro este viernes, en la queja presentada al juez García-Castellón, que su juzgado tiene información sobre la Operación Catalunya, incluida en la pieza 28 de la macrocausa contra él y excargos del Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente. En la denuncia, Villarejo reclama al magistrado de la Audiencia Nacional que ordene que no se publiquen más notas informativas y audios, como los que ha difundido ElNacional.cat, porque se han calificado de material reservado. Estas notas confirman que se espió y difundieron falsedades de políticos y empresarios catalanes. Pero el juez ha ignorado las evidencias.

La familia Pujol Ferrussola, a través de su abogado Cristóbal Martell, han intentado varias veces personarse en esta causa por que se sienten perjudicados por las acciones ilegales de la policía patriótica liderada por Villarejo. También lo hicieron en 2022 otros afectados al difundirse nuevos audios de Villarejo; uno de ellos con la entonces líder del PP Alícia Sánchez-Camacho, donde ella le pide investigar a empresarios y políticos. El despacho de Pau Molins con Jordi Pina ha protagonizado un periplo por diferentes órganos judicial de Madrid y la respuesta, hasta ahora, ha sido el portazo.

En un primer momento, Molins y Pina presentaron los nuevos indicios en la Fiscalía de Barcelona y como entonces Sánchez-Camacho era senadora, se elevó al Tribunal Supremo. De allí se acordó que la causa era de la Audiencia Nacional, pero el magistrado García-Castellón aseguró que no había ninguna conexión entre lo que investigaba, las acciones de Villarejo y de cargos de Interior, y la Operación Catalunya, aunque los denunciados son los mismos. La familia Sumarroca, el exconseller de Economía Jaume Giró, el expresidente del Barça Sandro Rosell, y el exjefe de la policía española en Catalunya, Narciso Ortega, han visto cómo distintos juzgados de instrucción de Madrid han archivado sus querellas al considerar que faltaban indicios para poder investigarlo. La querella del ex-CEO de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, hace más de un año que transita por los juzgados sin que ningún juez dicte una resolución de aceptación o de archivo. Insólito.

¿Delitos prescritos?

Si el juez García-Castellón no rectifica y admite la personación de los afectados en la Operación Catalunya, es difícil una investigación judicial real, a pesar de las abundantes pruebas difundidas. Una muestra es la respuesta de la Audiencia de Madrid que dio el 27 de noviembre pasado el exconseller Giró, en la cual, con el visto bueno de la Fiscalía, ratificaba el archivo de su querella que había dictado un juez de instrucción de Madrid. ¿Los motivos? Son dos: "falta de indicios sólidos", y "delitos prescritos" al no haber el delito contra la intimidad cometido por funcionario, en opinión de la sección 1 de la Audiencia de Madrid. Los hechos denunciados pasaron entre el 2012 y el 2016.

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Comisión del Congreso no válida

En concreto, el tribunal —con el magistrado Carlos María Alaiz, de ponente— da la razón al magistrado de instrucción 11 de Madrid cuando inadmite la querella de Giró porque sostiene que el "delito de descubrimiento o revelación de secretos, en los hechos narrados en la querella no tienen fundamento indiciario suficiente porque se trata de meras especulaciones o sospechas".

Para el tribunal no son suficientes las noticias publicadas, ni tampoco lo que explicó Villarejo en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación. Y sostiene: "Se tiene que tener en cuenta que el querellado estaba ya investigado judicialmente por otros procesos, y aquella comparecencia no puede tener la consideración de prueba o indicio objetivo e imparcial que permita la apertura de un nuevo procedimiento judicial". Además, precisa que los delitos de organización criminal y de malversación de fondos, por los cuales se acusa a Villarejo y excargos del PP, habrían prescrito, al "haber pasado hace más de una década".

No es la primera vez que los movimientos del juez comportan una fuerte carga política. García-Castellón se negó en 1998 a instruir un caso contra el dictador Augusto Pinochet por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura chilena. El magistrado actuó durante unos años como enlace judicial en París y, al volver, asumió diferentes causas de corrupción contra el PP, como Lezo o Púnica, donde sustituyó al juez Eloy Velasco, que se había mostrado contundente en sus investigaciones. El aterrizaje de García-Castellón en estos sumarios contra el PP facilitó la salida de prisión de algunos de sus responsables, así como el archivo de las causas contra las presidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Por el contrario, el magistrado ha mostrado una intensa actividad judicial contra Podemos en diferentes causas.

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