El juez que instruye el caso del Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha rechazado que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, declare desde Suiza por videoconferencia el próximo 22 de mayo, y la ha instado a hacerlo en Barcelona, ciudad donde, según el juez, tiene registrado su domicilio. En una providencia a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional argumenta que la declaración por videoconferencia se utiliza "cuando se puede implementar de forma ágil", hecho que se puede hacer en el territorio del Estado, ya que se utiliza un único sistema para este procedimiento. En el caso de una videoconferencia desde Suiza, García-Castellón apunta que habría que expedir un escrito, hecho que "dilataría las actuaciones de forma indeseada e innecesaria", y por este motivo lo descarta. Por otra parte, el juez ha suspendido 'sine die' la declaración del director de la Oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, prevista para el mismo día 22, después de que su abogado, Gonzalo Boye, pidiera la suspensión porque tiene un juicio y a causa del estado de salud de Alay, que se recupera de un aneurisma cerebral.
En el caso del resto de investigados se mantiene en pie la cita. Estos son el empresario Oriol Soler; el exconseller de ERC Xavier Vendrell; la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina; el periodista de La Directa Jesús Rodríguez; el informático Jaume Cabani; el vocal de Òmnium Oleguer Serra, y el activista y escritor Josep Campmajó. De estos, solo Soler, Molina y Vendrell se encuentran en Catalunya, ya que el resto se encuentran exiliados. La única que ha confirmado que asistirá a la declaración es Molina, defendida por Marina Roig.
Serra y Campmajó, defendidos por el abogado Benet Salellas, han pedido que se les cite a declarar a través de un conducto internacional, dado que su domicilio actual se encuentra en Suiza. "Deberán utilizar los mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional con las autoridades helvéticas a fin de tramitar la oportuna citación judicial", afirman en un escrito, y aseguran que, en este caso, no tienen reparo en facilitar su dirección. Aseguran que no tienen inconveniente en facilitar su dirección siempre que se abra una pieza separada que excluya a las organizaciones de extrema derecha y los agentes policiales personados en la causa, para garantizar la confidencialidad de los datos personales del miembro de la Junta Directiva. Por otra parte, en el escrito, el equipo defensor del vocal de Òmnium, critica que, teniendo en cuenta que la causa del Tsunami lleva cinco años abierta, justamente se les cite a declarar pocos días antes de la aprobación de la ley de amnistía. "Da poca apariencia de imparcialidad objetiva y de independencia judicial", apuntan.