El juez de la Audiencia Nacional (AN), Manuel García-Castellón, se parapeta en un informe de AENA y ENAIRE para relacionar a Carles Puigdemont y Marta Rovira con un delito de terrorismo por la manifestación en el aeropuerto de Tsunami Democràtic. Si lo lograra, la amnistía quedaría en papel mojado para ambos. Según publica El Mundo, García-Castellón se aferra a este informe para mostrar cómo las protestas afectaron al control del tráfico aéreo. Anteriormente, ya se había intentado sustentar la tesis de que esas protestas supusieron una amenaza para la seguridad del tráfico aéreo; sin embargo, hasta ahora, ningún cuerpo de seguridad o entidad mantenía que hubiera existido ninguna amenaza, tampoco la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en inglés).
El informe de ambas compañías recoge que las protestas impidieron que algunos controladores accedieran al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Gavà, lo que provocó que las Fuerzas de Seguridad tuvieran que intervenir para depejar la ruta. En este contexto, se decidió establecer "regulaciones de tráfico aéreo" para reducir provisionalmente el número de vuelos y adaptarse a "la capacidad de gestión" que tenían en ese momento, es decir, a los vuelos que podían gestionar los controladores que estaban presentes. La protesta desembocó en 11 retrasos y 115 cancelaciones de vuelos, muchos de los cuales debido a que la tripulación o los pasajeros no pudieron acceder al aeropuerto.
Una tesis que no comparte Europa
Si bien García-Castellón se aferra a este informe conjunto, se trata de un texto que la Agencia Europea de Seguridad Aérea contradice. Concretamente, la EASA respondió a las preguntas del juez de la AN sobre esa jornada de protestas, apuntando a que no tienen "ningún registro relacionado con el acontecimiento". "En el Informe Anual de Network Manager 2019, no hay ninguna indicación de que el acontecimiento al que hace referencia su solicitud tuviera un impacto significativo en el rendimiento de la red. Sin embargo, nos hemos puesto en contacto con Network Manager (Eurocontrol) y de acuerdo con la información que nos ha proporcionado (...) no se notificó ningún acontecimiento", se concreta en la respuesta a García-Castellón.
Por otra parte, un informe del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) descarta que la protesta del Tsunami Democràtic en el aeropuerto de El Prat interfiriera en la atención médica que recibió el turista francés muerto de un infarto mientras tenía lugar la movilización. Así, se fue al traste otra de las tesis del juez para poder relacionar a Carles Puigdemont y Marta Rovira con un delito de terrorismo.