Más movimientos en cadena después de la entrada en vigor de la ley de amnistía. Manuel García-Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que está investigando el caso Tsunami Democràtic, ha dictado un auto en la que da diez días a la Fiscalía, a las defensas y a las otras partes personadas para que informen sobre la “aplicabilidad o inaplicabilidad” de la norma. Se trata de la investigación por terrorismo contra Josep Lluís Alay (jefe de gabinete de Carles Puigdemont), Marta Rovira (secretaria general de ERC), Xavier Vendrell (exsecretario de organización de ERC), Marta Molina (dirigente de ERC), Oleguer Serra (dirigente de Òmnium Cultural), el periodista Jesús Rodríguez, los empresarios Josep Capmajó y Oriol Soler, el banquero Nicola Flavio y Jaime Cabaní, considerado tesorero del Tsunami. En la causa figuran Vox y la asociación Dignidad y Justicia como acusaciones populares y dos agentes de la policía española que resultaron heridos en los altercados de plaza Urquinaona como acusación particular.
Ahora bien, las defensas de algunos de los acusados ya han dado el paso. Benet Salellas, abogado de Oleguer Serra, Oriol Soler y Josep Capmajó, ha presentado un escrito a primera hora pidiendo la “extinción de responsabilidad criminal” y el “sobreseimiento libre”. El abogado insiste en que los hechos por los que están siendo investigados Serra, Soler y Capmajó no tienen “ninguna naturaleza penal”, ya que el Tsunami Democràtic fue una acción de “desobediencia civil no violenta”. Además, Salellas deja claro que el perímetro de la amnistía cubre este caso, dado que “no cabe duda de que no consta ninguna violación grave de derechos humanos relativa a la vida ni a la tortura”.
Quien también ha movido ficha son los abogados de ERC, que han pedido esta mañana que se aplique la amnistía a Xavier Vendrell, Marta Rovira y Marta Molina, y Òmnium Cultural, que ha solicitado la amnistía para Oleguer Serra, miembro de su Junta Directiva. La entidad reclama el archivo de la causa contra Sierra y denuncia la “persecución política” orquestada contra Òmnium y el conjunto del movimiento independentista. Asimismo, pone a disposición de todos los “represaliados” el escrito presentado, a través de la Sindicatura per a l’Amnistia. Finalmente, Jesús Rodríguez también ha pedido ser amnistiado (solicita el sobreseimiento libre) porque entiende que la causa “reúne todos los requisitos” establecidos en la ley y que “ninguna” de las exclusiones es aplicable a su caso. Por su lado, Jaume Cabaní y Nicola Flavio no están personados y tienen contra ellos una orden de cerca y captura.
El Supremo también da diez días a las defensas de Puigdemont y Wagensberg
La investigación del caso Tsunami Democràtic también está en el Tribunal Supremo, ya que Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg son aforados. En este caso, la magistrada Susana Polo también da un “plazo máximo de diez días” a las partes para que informe sobre la “aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma”. La jueza reactivó la causa a principios de abril y citó Puigdemont y Wagensberg como investigados para que presten declaración voluntaria y por videoconferencia entre el lunes 17 y el viernes 21 de junio. Además, Polo cursó una Orden Europea de Investigación (OEI) y una Comisión Rogatoria Internacional en materia penal, pero no ha dictado ninguna orden de detención, ni europea ni a escala estatal.
El Alto Tribunal considera que hay indicios para considerar que Puigdemont fue el “líder” del Tsunami Democràtic. Sostiene que podría haber detenido las movilizaciones que se convocaron como respuesta a la sentencia del procés y que, en cambio, no lo hizo. La movilización principal fue en el aeropuerto del Prat el 14 de octubre de 2019. Contrariamente a eso, la Fiscalía considera que ni Puigdemont ni los otros investigados cometieron el delito de terrorismo, y como mucho los hechos se podrían ajustar al delito de desórdenes públicos.