Esta vez sí. Después de tres años de prórrogas, el Govern ha conseguido tejer con los comunes un acuerdo para aprobar los presupuestos del 2020. Lo han formalizado este mismo lunes por la mañana cuando el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès; la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, y una delegación de los comunes liderada por Jéssica Albiach se han reunido en la sede del departamento de Economía y han rubricado el acuerdo.

Las nuevas cuentas, que serán aprobadas este martes por el Consell Executiu y que llegarán este mismo enero al Parlament, prevén un gasto no financiero superior en unos 3.070 millones de euros a los anteriores presupuestos del año 2017. Además, una parte destacable de los presupuestos es el aumento de 405 millones de euros en inversión pública, que desde 2017 estaba prácticamente estancada. Se trata de un aumento del 25%, y sitúa la partida en unos 2.000 millones de euros.

De esta manera, la Generalitat "recupera el pulso inversor", que cayó notablemente durante los años de la crisis. La inversión del sector público en cerca de 2.000 millones de euros irá dirigida a varias actuaciones sociales. Destacan principalmente las actuaciones destinadas al ciclo del agua, con 83,7 millones de euros adicionales, o a la dotación de 65,5 millones para mejorar los equipamientos escolares y retirar progresivamente los módulos de los centros.

Durante la presentación, el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha recordado que este mayo hará diez años del primer anuncio de las políticas de austeridad por parte del gobierno central y, en este sentido, ha criticado que "la gestión de la crisis económica a nivel estatal y europeo no fue inocua y comportó una precarización de la sociedad". "En los últimos años el esfuerzo del gobierno de Catalunya se ha centrado en poner fin a esta austeridad; no ha sido fácil y demasiado a menudo el esfuerzo de la Generalitat no ha ido acompañado del Estado, que con la falta de inversiones en Catalunya y el déficit fiscal nos lo ha puesto difícil," ha añadido.

Con todo, ha asegurado que "gracias a la coyuntura económica más favorable y la buena gestión de las finanzas públicas, hoy la Generalitat está en disposición de abandonar el escenario de austeridad" y que "después de 6 años consecutivos de crecimiento económico somos más resilientes, pero todavía hay demasiada gente que no ha visto llegar esta recuperación económica y es la hora de hacerlo notorio". "Hacemos un presupuesto diferente; un presupuesto comprometido con el bien común", ha explicado Aragonès.

Salud y educación como prioridades

Las políticas educativas se refuerzan con más financiación para jardines de infancia, becas comedor, escuela inclusiva y universidades. Concretamente, se recupera la financiación de los jardines de infancia, que aumenta en más de 70 millones; aumenta en 15 millones la dotación para becas comedor en la primaria y se destinan 54 millones de euros más al despliegue de la escuela inclusiva.

Al mismo tiempo, crece la financiación corriente en las universidades, que aumenta en 129,5 millones de euros más y se reducen las tasas universitarias en todos los tramos. Así, la financiación total en las universidades llegará a los 911,7 millones de euros.

Otra de las prioridades ya anunciadas por Govern y comuns es la financiación del sistema público de salud, que se eleva en 908,5 millones de euros. Este incremento permitirá aumentar la plantilla en 8.000 profesionales, un 11% más que en 2017. Al mismo tiempo también se apuesta por reducir las listas de espera en el sistema sanitario a través de un decreto de accesibilidad dotado con 20 millones de euros.

Mercado laboral e inclusión

El acuerdo destaca también en la Renda Garantida de Ciutadania, que eleva su dotación en 125 millones de euros desde 2017, y alcanza un presupuesto global de 388 millones. Además, la Generalitat se compromete a "avanzar" en el Salari Mínim de Referència catalán (SMR) que ya anunció antes de Navidad que situaba en unos 1.200 euros.

Aunque la Generalitat no tiene competencias para aplicar esta cifra como salario mínimo catalán, se compromete a "analizar el impacto de la introducción del SMR en la Generalitat y las administraciones locales"; como introducir el SMR en la política retributiva, de contratación y concertación pública de la Generalitat y su posible impacto en la economía.

Acuerdo también en el Ayuntamiento de Barcelona

En paralelo, este lunes la alcaldesa Ada Colau también presentará sus cuentas para el 2020, después de que haya conseguido llegar a un acuerdo con ERC y también con JxCat para aprobarlos por la vía ordinaria. Esta será la primera vez que Colau consigue aprobar unos presupuestos por su cuenta, después de que en el anterior mandato todos se aprobaran vía moción de confianza y ante la incapacidad de la oposición para formar un gobierno alternativo.

Justamente durante la rueda de prensa de presentación de las nuevas cuentas, Aragonès ha calificado el acuerdo de "apertura de una nueva etapa", no sólo con respecto al aumento de inversión pública y el fin de las políticas de austeridad, sino también a nivel político por el acuerdo con los comunes. En este sentido, ha defendido que la "gran virtud" de estas cuentas es "haber puesto de acuerdo a fuerzas políticas que piensan diferente" y poder llegar a "consensos al servicio de la ciudadanía".

Por otra parte, la consellera de la Presidència y portavoz, Meritxell Budó, que también ha participado en la rueda de prensa, ha calificado el acuerdo de "garantía de estabilidad" del Govern y, a pesar de la ofensiva judicial contra el president de la Generalitat, ha asegurado que seguirán defendiéndolo. Unas palabras que también ha utilizado el vicepresident Aragonès, que ha defendido que su objetivo es aprobar y desplegar los presupuestos y ha alejado la posibilidad de elecciones.

Los comuns, por el contrario, avisan de que de momento sólo están hablando de "dejar tramitar" las cuentas en el Parlament y han asegurado que el proyecto de JxCat y ERC está "agotado". Así lo ha defendido la líder de los comuns en la cámara catalana, Jéssica Albiach, que ha pedido aprobar los presupuestos y después ir a unas elecciones catalanas que aporten nuevas "mayorías" y "alianzas progresistas". De hecho, ha asegurado que, aunque estos no son los presupuestos que hubieran hecho si gobernaran, es la "primera piedra de un gobierno progresista".

 

 

A pesar de este acuerdo a ambos lados de la plaza Sant Jaume, Aragonès ha avisado de que no se puede trasladar a las cuentas del Estado, que todavía se han de negociar y a las cuales los republicanos vinculan su abstención con los avances en la mesa de negociación sobre la situación política. Además, ha aprovechado la rueda de prensa para criticar los incumplimientos del Estado.

"El camino de ahora hacia adelante no es que el sector público se retire de la economía, sino que siga en la línea de los presupuestos expansivos", ha explicado al vicepresidente, a lo que ha añadido: "tenemos que entender que las finanzas públicas no son independientes de la situación política, y las buenas cifras de este presupuesto no nos tienen que hacer olvidar que sufrimos un déficit fiscal que nos impide hacer muchas cosas".

En este sentido, Aragonès ha asegurado que, como independentista, "el único presupuesto que a mí me satisfaría es el de una Catalunya independiente con los ojos puestos en Europa". "El camino de los próximos años es unos presupuestos expansivos y encontrar una solución a la situación política, porque con una Catalunya independiente los recursos estarían mucho más enfocados a las necesidades del país que los presupuestos dentro de España", ha añadido.

El acuerdo llega después de que el pasado mes de diciembre el ejecutivo ya pactara con los comunes una subida del IRPF a las rentas más altas y una modificación también al alza del impuesto de sucesiones, así como también nuevas medidas impositivas verdes y un aumento en algunos impuestos ya existentes como la tasa turística, el de los pisos vacíos y el de las bebidas azucaradas. Un acuerdo que, con todo, conseguía aumentar la recaudación de la Generalitat en 550 millones de euros anuales.