El Govern ha hecho este martes balance de los diferentes conflictos competenciales que tiene con el Estado y denuncia que se mantiene la "ofensiva judicial" contra la Generalitat a pesar de las continuas apelaciones al diálogo del nuevo gobierno del PP. Así, ha recordado que el Tribunal Constitucional tiene pendientes 18 recursos del Estado contra normas catalanas y 27 del Govern por conflicto de competencias.
La Generalitat ha remarcado que el ejecutivo español "incumple sistemáticamente" sentencias firmes en cuestiones como las convocatorias de subvenciones y recuerda que desde 2011 la Generalitat ha tenido que interponer 56 recursos contenciosos administrativos contra la administración del Estado por invasión de competencias en este ámbito.
El Govern denuncia que, aparte de un sistema de financiación "injusto" y de la "persecución judicial" contra las posiciones soberanistas, el ejecutivo del PP "persiste en su actitud sistemática de deslealtad institucional y de falta de respeto hacia el autogobierno de Catalunya". Entre los 18 recursos contra normas catalanas que el TC tiene pendientes están la de pobreza energética o el impuesto sobre los pisos vacíos.
#portaveu @neusmunte:"L'Estat té pendent resoldre 18 recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competència contra normes catalanes" pic.twitter.com/MS4hXB4Q4m
— Gobierno. Generalidad (@govern) 22 de noviembre de 2016
Con respecto a la oferta de diálogo del Estado, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha asegurado que "las invitaciones al diálogo están muy bien, pero caen en saco roto cuando las contraponemos con las acciones". La portavoz recuerda así que justamente hoy se aprobará el suplicatorio para que se pueda juzgar a Francesc Homs por el caso 9-N, que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tendrá que declarar como investigada el mes que viene y que ayer se rechazó el recurso del exjuez Santiago Vidal contra su inhabilitación de tres años.
Munté también ha defendido la carta que ayer el vicepresident Oriol Junqueras envió a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, invitándola a una reunión pero sin renunciar al referéndum, y ha asegurado que "queremos dialogar sobre todo, sin líneas rojas y sin decir sobre qué se puede dialogar y qué no".