Aceptada. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado, finalmente, que la Generalitat sea acusación particular en una pieza separada del caso 3%, en la cual se investiga la posible financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido en concurso de acreedores, a través de la productora audiovisual Triacom. El fiscal Anticorrupción cambió su opinión, recientemente, después de leer los argumentos del recurso de la abogacía del gobierno catalán, y ahora lo ratifica al magistrado. En la primera negativa, tanto el juez como el fiscal, no aprobaban que la Generalitat fuera parte perjudicada en el procedimiento, ya que aseguraban que "no había aportado datos suficientes", además de criticar que en el gobierno actual haya un partido heredero de CDC, refiriéndose a Junts.
En la resolución, fechada ayer y conocida hoy, el juez Pedraz afirma que en el primer escrito la Generalitat no detalló su real afectación, que sí que ha hecho en el escrito de reforma. Y precisa que, "como señala el ministerio fiscal, que ante la descripción de lo que consideran un perjuicio para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y ante la adscripción de esta empresa a la misma Generalitat, a la legitimidad formal se añade la material". Añade que en el escrito afirma que en el caso que se constituye como parte acusadora, la Generalitat "ayudará a indagar si realmente Triacom vendía sus programas en TV3 muy por encima de los costes de producción". Y con respecto a su afirmación de que en el gobierno de la Generalitat hay miembros "que heredan las actuaciones de los partidos políticos del PDeCAT y CDC, lo cierto -precisa Pedraz- es que el compromiso de actuación unitaria, como órgano constitucional, que es, tiene que ser atendida al ser preferente su constitución como parte, frente de la desconfianza de sus intenciones". Por todo eso, estima que la Generalitat de Catalunya sea acusación en esta pieza del 3%.
Petición
El presidente del Govern, Pere Aragonès, ordenó por carta al director del gabinete jurídico de la Generalitat que solicitara personarse como acusación particular en la pieza de Triacom sobre la presunta financiación irregular de Convergència. En esta pieza se investiga un supuesto pago de comisiones por parte de empresarios al partido extinto a través de la productora audiovisual Triacom, dirigida por Oriol Carbó. Se indica que se destinaron de 30 millones de euros.
En concreto, la causa Triacom, vinculada a la presunta financiación ilegal del partido disuelto, investiga pagos en la empresa que produjo programas como El Gran Dictado, entre otros. La sospecha es que a través de esta productora se escondían aportaciones, comisiones o pagos a Convergència, por un total de 31,3 millones de euros entre 2008 y 2016. El modus operandi implicaría la creación de facturas falsas para destinar fondos a otras causas, como la financiación de campañas electorales.
En la carta, Aragonès argumentaba que, "en caso de ser acreditados", los delitos perjudicarían a la Generalitat de Catalunya y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, y que, por lo tanto, "se considera procedente" que la Generalitat se persone como "acusación particular". Petición ahora aceptada por el juez Pedraz.