No recibieron ninguna instrucción de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ni de los otros querellados para sancionar la inmobiliaria Vauras por no haber ofrecido vivienda social. Tampoco nadie les pidió que favorecieran a los ocupantes del Bloc Llavors. Es lo que han contestado este lunes el gerente del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, -Javier Burón; el director de servicios sociales jurídicos, y una responsable del área social, en su declaración, como testigos, a la magistrada de Barcelona que investiga a Colau, a los concejales Marc Serra y Lucia Martín y a una funcionaria de coacciones y prevaricación. Martín ha ido al juzgado para acompañar a la jefa de gabinete de la concejalía de Vivienda que dirige, que también ha sido interrogada porque asistió a la reunión, donde supuestamente los responsables de Vauras se sintieron coaccionados por los responsables municipales.

Colau ya declaró el marzo pasado a la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona que no ordenó ninguna sanción contra la empresa ni nunca se reunió con ninguno de sus responsables. La instrucción de este caso ya está casi acabada y la magistrada tendrá que decidir ahora si vuelve a decretar el archivp o envía algunos de los investigados a juicio.

En el interrogatorio, la magistrada Carmen Garcia Martínez y el fiscal Anticorrupción Luís Garcia Canton han preguntado a los funcionarios como se tramitaron los dos expedientes para sancionar a Vauras, de los cuales solo prosperó uno, con una multa, por no haber ofrecido vivienda social a los vecinos que fueron desalojados del bloque de la calle Lleida en el 2019, según fuentes judiciales. Han detallado que el decreto ley 17/2019 instaba a las inmobiliarias a consultar la situación de los ocupantes de los pisos y en caso de exclusión, ofrecerlos una alternativa de alquiler social.

La familia no se puede investigar

Los técnicos también han aclarado que la ley les obliga a averiguar la situación económica de la persona ocupante, pero no de su familia. Precisamente, en uno de los casos, un joven del Bloc Llavors es de familia acomodada, según una resolución de un juzgado contencioso que anuló la multa a Vauras porque entendía que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), ponía en duda el requisito del decreto ley, que ahora se ha incluido en la nueva ley de vivienda española.

La grabación de Vauras

Los abogados defensores de Colau y los concejales, Olga Tubau y Àlex Solà, y de la funcionaria de Vivienda, Dèbora Quintero, también han pedido a los funcionarios que explicaran el procedimiento para abrir un expediente de exclusión residencial, que es más competencia del área Social que la de Vivienda. "Se rigen con lo que marca y exige la ley", han asegurado los cargos públicos, según fuentes jurídicas. Es decir, hay unos informes modelos, que los facilita la Generalitat, donde se tienen que comprobar unos requisitos para clasificar una persona o unidad familiar en exclusión residencial, como mirar en el catastro que no tengan propiedades y consultar a la policía que no haya antecedentes de conflictividad. En los casos de más vulnerabilidad, como familias con menores, se incluyen en otro procedimiento.

Por su parte, la acusación de Vauras sostiene que tiene una grabación de una de las dos reuniones, dónde supuestamente fueron coaccionados, y la magistrada le ha pedido que lo aporte a la causa, ya que aún no lo ha realizado.

La titular del juzgado de instrucción 18 de  Barcelona  no prorrogó la investigación, así que ya no se pueden pedir nuevas pruebas ni declaraciones, y seguramente las defensas y el mismo fiscal, como hizo la primera vez, pidan pronto el archivo de la causa, que cuál la Audiencia de Barcelona hizo reabrir por dos delitos concretos: coacciones y prevaricación.