A Napoleón se le atribuye este dicho: "Si quieres solucionar un problema, nombra a un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión". Pues bien, los seis artículos del protocolo sobre Gibraltar, anexo al acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE, crean tres comités hispano-británicos (¡tres!) para tratar asuntos que van desde los derechos de los trabajadores transfronterizos a la lucha contra el contrabando, o la cooperación policial y aduanera. Encima, esos comités serán arbitrados por otro especial (¡cuatro!), compuesto por representantes del Reino Unido y de la UE –no de España.
El resultado de toda esta red de comités es perfectamente descriptible —especialmente con respecto a las aspiraciones del Estado español de conseguir la "cosoberanía" sobre el peñón.
Nada de todo eso desanima a El País, que hace aparecer en portada a todo un secretario de Estado sacando pecho. "Por supuesto que vamos plantear la cosoberanía", dice el hombre. Ánimo.
El Mundo y La Razón, sin embargo, pintan las cosas de otra manera, quizás porque advierten la maniobra británica. El primero acusa al gobierno español de perder una oportunidad única para enrollar el Reino Unido. El segundo también. Es muy descriptivo del criterio de estos diarios que miren el Brexit –una colosal grieta en el proyecto que da sentido a Europa desde 1951– con las anteojeras de Gibraltar. Y dirán que los nacionalistas son los otros.
La primera de ABC es la más desconcertante. Alguna cosa pasa en el tabloide monárquico, que no menciona en portada la disputa sobre el peñón. Es dudoso que haya cambiado su línea editorial o que su patriotismo –constitucional, por supuesto– afloje. Desde 1975, ABC ha dedicado a Gibraltar 167 portadas, el 27% de las cuales (es decir, 45), desde 2012. En cambio, hoy ni mu. Debe ser un despiste.
La "cosoberanía", como la entendía el exministro García Margallo, consiste, dicho rápido, en que Gibraltar seguiría perteneciendo en Gran Bretaña –que es lo que quieren los llanitos–, a la vez que disfrutaría de las ventajas de pertenecer a la UE por el hecho de formar parte, de alguna manera, del Estado español. Al final, sin embargo, la cosa se ha quedado en aquel tejido espeso de comisiones, la primera consecuencia del cual, dicen, dicen, dicen que será el aumento de los impuestos sobre el tabaco, el alcohol y la bencina en el territorio británico. El entusiasmo que debe suscitar este plan entre los gibraltareños no es difícil de imaginar.
Derecho a decidir
Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, ha dicho y redicho que "en la Europa moderna debe imperar el derecho a decidir. El consentimiento de un pueblo es lo que siempre debe buscarse antes de hablar de su soberanía". La premier Theresa May, también. Margallo pensaba que podía saltarse el derecho de los llanitos con un acuerdo entre los gobiernos español y británico y la UE, jugada que ahorraría al Estado español la molestia de preguntar a los gibraltareños qué les parece. Estos juegos de manos, además, podrían tener efectos colaterales no deseados para España en relación a Catalunya, los Estados Unidos o la OTAN.
Pero incluso una Gran Bretaña en baja forma tiene la astucia de hacer que el problema perdure a base de comités, comisiones y arbitrajes. Quizás porque un país con la experiencia de pasar en un siglo de administrar 300.000 a 33 millones de km2 (mientras la corona española seguía el camino inverso) se las sabe todas en materia de política exterior. También podría ser que entregarse a criticar al gobierno de Pedro Sánchez por este fiasco diplomático sea la cortina de humo que esconde el peso real del Estado español en la UE, que da para lo que da, y quizás han vuelto a torearlo una vez más. Quizás.