El año 2008 nace la Oficina Antifrau de Catalunya. Una institución pionera en el estado español para dar cumplimiento a los mandatos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tiene dos objetivos básicos: la prevención de la corrupción y la investigación de los casos de corrupción. La Oficina no tiene capacidad sancionadora, sin embargo, en caso de que detecte delitos en su investigación, tiene la obligación de derivar el caso a Fiscalía o a un juez. Durante el 2020, la Oficina Antifrau envió diez casos a la Fiscalía, en los se habían detectado, además de irregularidades administrativas, delitos.
El año 2011 muere el director del OAC que puso en marcha la institución, el fiscal David Martínez Madero, y el año 2016, con el estallido de la Operación Catalunya y las filtraciones de las conversaciones entre el director de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en las cuales se tramaba fabricar casos contra ERC y CDC, el Parlament destituye a De Alfonso. La cámara catalana propone como nuevo director a un magistrado que los últimos cinco años había sido el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: Miguel Ángel Gimeno.
En medio de una polémica y con estos antecedentes, Gimeno entra con paso firme para devolver la credibilidad a la institución y ponerla al servicio de la ciudadanía. Miguel Ángel Gimeno admite que tienen muchos casos y que van muy lentos. Y por eso, cuando aterrizó en Antifrau, implantó unas medidas para ponerse manos a la obra. En algunos casos, cuando durante el proceso de verosimilitud ya se detecta la irregularidad, se hace la comunicación sin llegar a abrir la investigación. Gimeno, sin embargo, alerta de que los casos que se acaban investigando son complejos.
Durante el 2020 se recibieron 355 denuncias y se tramitaron 276 expedientes de verosimilitud, eso representa 23 expedientes resueltos cada mes. Un 54% más que en 2019. De estos 276, un 26% han derivado en una fase de investigación. 222 de las denuncias presentadas han entrado en la Oficina Antifrau mediante el buzón anónimo. La mayoría de denunciantes son particulares. Pero también hay denuncias de representantes de partidos políticos, funcionarios y trabajadores públicos y sindicatos.
Cuando Gimeno llega al ecuador de su mandato, y siendo el director de la Oficina Antifrau más longevo, se dispone a explicar su día a día a ElNacional.cat. Lo hace con un lenguaje sencillo, nada judicial, y siempre con una sonrisa o incluso poniéndose a reír en algunos momentos. Y con el rigor y responsabilidad que su cargo pide para luchar contra uno de los problemas de la sociedad actual: la corrupción.
Admite que en el Parlament los últimos años no han estado mucho por la labor y explica que el último trimestre del 2017 el mundo se detuvo. El procés y los preparativos del 1-O y el posterior golpe de efecto judicial, paralizó incluso la actividad de Antifrau.
¿Hasta qué punto Antifrau es una oficina y una institución conocida por la ciudadanía?
En su inicio había unas expectativas, pero a veces las expectativas no se corresponden con la realidad. Porque el mundo de Antifrau es muy atractivo en una sociedad como la del 2008, sacudida de manera intensa por la corrupción y acercándose a la crisis. En tiempo de crisis se es menos exigente. En estos momentos es más conocida porque el incremento de denuncias es tremendo. Desde mediados del 2019, si comparamos el 2020, tenemos un 190% más de denuncias. El incremento ha sido tremendo. Curiosamente, empezó a finales del 2016, y el 2017 fue muy alto hasta el último trimestre del 2017, porque la ciudadanía estaba para otras cosas. En el 2018 volvió y el incremento es tremendo. Si el primer trimestre del 2021 hacemos una proyección, en todo el año estaremos en las 400 denuncias.
La ciudadanía lo que quiere es que las administraciones les solucionen los problemas y cuando se dan cuenta de que no se los solucionan, empieza a ser muy crítica con lo que yo definiría como el marketing político
La desafección de la ciudadanía con la política se nota, ¿se traduce en un escrutinio más importante de las instituciones y los políticos?
La ciudadanía lo que quiere es que las administraciones les solucionen los problemas y cuando se dan cuenta de que no se los solucionan, empieza a ser muy crítica con lo que yo definiría como el marketing político. Se hacen declaraciones que quedan muy bien, pero la ciudadanía se da cuenta de que en la praxis diaria no se ve este aspecto. Entonces empieza a averiguar qué cosas no han funcionado bien.
Antifrau investiga irregularidades administrativas de las administraciones, pero, cuando encuentran delito, el caso pasa a la Fiscalía. ¿Qué tipo de casos se investigan y qué consecuencias puede tener para una administración, sea un ayuntamiento o la Generalitat de Catalunya?
La ciudadanía con las administraciones que tiene más próximas reclama más. Es donde se da más cuenta de las carencias. Se plantean un tipo de denuncias que abarcan un abanico de aspectos, los que son más importantes son los que tienen que ver con la contratación. En la Generalitat tenemos denuncias, pero son más de otras instituciones, como sindicatos. Este año ha cambiado un poco y la salud se ha puesto en primer plano. Y después, hay derivadas de la contratación. Las denuncias que llegan o bien de instituciones como asociaciones de contratistas o sindicatos o funcionarios son denuncias que están mejor elaboradas.
Siempre que hay dinero público y siempre que hay una persona que decide sobre estos fondos públicos, hay un riesgo de corrupción
A veces no se sabe hasta dónde llegan las irregularidades, la ética, el abuso de poder... En este sentido, se puso en marcha el proyecto en la gestión pública, pero es un ente de asesoramiento...
De asesoramiento, de formación, de cooperación... de prevención, en definitiva. Hemos creado un ámbito para que todas las administraciones sepan los riesgos que hay en sus actividades. Partimos de la idea de que todas las administraciones tienen vulnerabilidad y el riesgo de corrupción siempre que hay dinero público y siempre que hay una persona que decide sobre estos fondos públicos, existe. ¿Cuál es el problema? Que la gente cree que hablar de riesgo de corrupción es corrupción. No. Riesgo de corrupción es una fase primera. Si el riesgo de corrupción se gestiona bien, no se da el paso siguiente, que es la consumación de este riesgo que sería la corrupción. Nosotros nos hemos especializado en nuestra actividad preventiva. Según nuestra opinión, es la pieza más importante. Y tenemos unas guías con una documentación abundante. Porque el pack funciona, tiene que existir la integridad de las administraciones públicas y sus funcionarios. Se tiene que formar en integridad, en ética, tiene que hacerse en una estructura pública de funcionario público sin trampas de ningún tipo.
¿De dónde viene la corrupción?
La corrupción viene del ámbito político. No de los partidos, sino de los electos que ocupan espacios dentro de la administración que son ejecutivos. El electo tiene la legitimación para hacer el diseño de la política que quiere hacer, pero cuando se trata de ejecutarla, de hacerla efectiva, que es donde se producen más las corrupciones, en este ámbito no podría estar el político. Y este es uno de los problemas de fondo que hay en Catalunya. Porque niveles técnicos, que tendrían que ser de ejecución, que no tienen que discutir si esta política les gusta o no les gusta, porque es una decisión que toman los que están legitimados, lo ocupan también ámbitos políticos. Hacen premios, subvenciones... En el ámbito de la construcción tenemos unas experiencias terribles... Nosotros partimos de estas ideas. Siempre que hay dinero público y capacidad de decisión sobre este dinero público, hay riesgo de corrupción. En el ámbito de la contratación, hemos pasado tres, que es un mapa de riesgos muy amplio. Hasta el punto que este año pasado nos dimos cuenta de que para que fuera más amplio teníamos que elaborar una guía. Hay problemas que son transversales, problemas de normas.
Foto: Sergi Alcàzar
¿En qué terreno se mueve la Oficina Antifrau cuando investiga un caso?
Se tiene que mover en un camino que no es muy ancho. No puede tocar temas que son delictivos, porque tiene que ir al fiscal o al juez. Por lo tanto, una vez que detectamos que el tema puede ser delictivo, lo tenemos que derivar. Y porque en el ámbito de la administración también está la Sindicatura de Cuentas. Y el camino que hay entre los dos es el camino que ocupa Antifrau. ¿Cómo se puede mejorar? Con la cooperación y coordinación entre todas las administraciones. Nosotros a veces tenemos dudas sobre si estamos pisando el terreno de la Fiscalía. Que tuvieran una comisión mixta sería más fácil. Eso lo ha visto tanto la Fiscalía como nosotros y eso ha empezado a cambiar.
¿Hay muchos casos que investiga Antifrau que se acaben judicializando?
Muchos no, porque la gente nos presenta la denuncia a nosotros y a Fiscalía al mismo tiempo. Lo que hay mucho son cooperaciones. La Fiscalía nos pide que continuemos la investigación nosotros bajo su supervisión, porque tenemos unos investigadores muy especializados. Cada vez más hay cooperación, también con los jueces, en los juicios, sea de tipo peritaje o con toda la investigación. Con la Fiscalía hemos puesto diez comunicaciones directas de hechos concretos que estábamos investigando nosotros. Al margen de los casos que investigamos al mismo tiempo. ¿Qué nos falla? Que si ellos no llegan a ningún sitio, que nos vuelva a nosotros, porque en el ámbito administrativo es posible que haya irregularidades. Si no vuelve, prescribe. Es un tema de coordinación.
Cuando Antifrau presenta un escrito en un ayuntamiento, causa una conmoción
¿Encuentran colaboración con los ayuntamientos?
Nosotros no éramos muy conscientes. Cuando Antifrau presenta un escrito en un ayuntamiento, causa una conmoción, pero se aceptan muy bien las resoluciones. Lo que sí que es verdad es que a veces pedimos una información que a un ayuntamiento pequeño le cuesta mucho esfuerzo prepararlo. Fuimos conscientes y les concedemos un plazo más amplio. Cuando hemos acabado nuestra investigación, son bastante receptivos a lo que les decimos. Habitualmente hacen la recomendación. Después nos dan cuenta de lo que han hecho. Y si no han hecho lo que les hemos dicho, se precisa en la memoria y es el Parlament quien tiene que tomar una decisión. De las decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, en modificaciones de una ordenanza municipal, una comisión de servicios, un sueldo de un cargo..., tenemos 43 impactos evidentes en el 2020 a consecuencia de nuestra actuación.
Hace poco se presentó el estudio sobre los derechos humanos y la corrupción. ¿Cómo integraría este concepto la Oficina Antifrau?
Vimos que la resolución podía ser muy abstracta. Que se ha conculcado el interés general. ¿El interés general queda volando por el aire o al final cae sobre un colectivo? Cómo hacemos para que podamos integrar dentro de la resolución de nuestro expediente que eso ha comportado la lesión a un colectivo. Nosotros miramos que las conclusiones respondan a unos parámetros no de intuición sino de realidad argumental, y como teníamos serias dificultades en este aspecto, pedimos al Instituto de Derechos Humanos de Catalunya que hiciera un informe para tener la metodología para demostrar que este vínculo existe. Ganamos que el resultado de la investigación toca a personas. En la lucha contra la corrupción, cuando el ciudadano ve que lo afecta a él y a un derecho que tiene integrado, será mucho más beligerante con la corrupción. Este ciudadano será un importante luchador contra la corrupción.
Antifrau tiene un buzón de denuncias anónimas. ¿Cómo funciona? ¿Y recibe muchas denuncias ciudadanas?
Nosotros hemos puesto los medios para que la ciudadanía se pueda acoger a denunciar sin riesgo personal. El anonimato está muy discutido, pero soy un firme partidario de él. Fui yo quien dije que se tenía que admitir. Hemos comprobado que el porcentaje de denuncias infundadas que llegan por la vía de buzón anónimo no es superior a las que llegaban antes. El problema de la denuncia anónima es que mucha gente no da toda la información y es más difícil interaccionar. Pero en estos momentos, tenemos un 36% de las personas que entran por el buzón anónimo que siguen interaccionando. Damos una clave para que puedan acceder al expediente.
Foto: Sergi Alcàzar
El mandato del director de la Oficina Antifrau es de 9 años. Usted está a la mitad...
Sí... No sé si es demasiado largo... [ríe]
Sorprende tantos años, ¿pero cree que es necesario?
Podríamos discutir si 5 o 6. Yo diría que 9 son demasiado. Porque tienes un periodo de acercamiento a la institución, después tienes un desarrollo normativo y después la ejecución y que funcione. Pero si tienes mucho tiempo por delante, es posible que no corras tanto. Yo lo agradezco, porque la actividad parlamentaria ha estado parada los últimos tiempos... Yo en 2017 pedí que se modificara la ley e hice una propuesta. Pero la legislatura se cerró antes de tiempo y no hemos vuelto a hablar de este tema. Y yo lo compartí dos o tres veces, incluso comparecí en el pleno, y lo dije todo.
Pero ahora habrá un Govern nuevo... ¿Confía en que se pueda desencallar?
Hombre sí, si no, me iría. Una ley es complicado, porque exige un periodo más largo, pero al menos en el ámbito reglamentario confío en que se pueda hacer. Si hay voluntad, sí. Ahora la voluntad está en la ley de alertadores, que se empezó y también decayó. El alertador es la persona que está cerca de donde se produce el hecho, es quien tiene la información para poder denunciar. Eso quiere decir que se le tiene que poner el canal, que se pone un investigador y que se protege la persona que ha denunciado, si no, no denunciará nadie. Eso es la directiva, que puede ser más ambiciosa. Ya veremos si hay prisa... Espero que el Parlament de Catalunya empiece a trabajar también con la ley de alertadores. Lo que se trata es que empiece a andar.