El exconseller de Economía y diputado de Junts per Catalunya Jaume Giró ha denunciado que PSC, ERC y Comuns han impedido que la entidad pública que vela por la acogida de la infancia y adolescencia (DGAIA) siga las recomendaciones del informe de la Sindicatura de Comptes sobre la contratación y adjudicación del servicio de acogida de la infancia y la adolescencia, durante 2016 y 2020. El diputado juntaire denuncia que este informe pone de manifiesto "graves irregularidades, con falta de control interno, de rigor y transparencia." De hecho, por eso los juntaires han registrado la solicitud de comparecencia del exdirector general de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) Ricard Calvo, junto con la del exconseller de Treball, Afers Socials i Famílies Chakir El Homrani, y los exsecretarios general de la conselleria, Josep Ginesta Vicente y Oriol Amorós.
El diputado y portavoz de Junts en la comisión de la Sindicatura de Comptes, Jaume Giró, ha lamentado la "falta de coherencia" de los diferentes grupos que han votado en contra: "No se entiende que se manifiesten en contra de la falta de transparencia y de rigor que se ha visto que había en la gestión de la DGAIA durante años, en un ámbito tan sensible como es la infancia y la adolescencia, con una falta de control del dinero público".
"En su momento, apoyaron el informe que presentó la Sindicatura de Comptes sobre las conclusiones de la fiscalización de la DGAIA. En cambio, hoy retiran esta propuesta de resolución. Es decir, no se es coherente con las recomendaciones que pedía la propia Sindicatura de Cuentas", ha dicho el diputado. Para Giró, "hemos observado una falta de coherencia y consistencia que entendemos que no tendría que ser legítima ni siquiera por los acuerdos políticos de este tripartito de izquierdas".
El informe de la sindicatura
La Sindicatura de Comptes concluyó que la DGAIA prorrogó varios contratos sin haber firmado ningún documento de prórroga, aunque se siguieron prestando los servicios. También concluye que se utilizó reiteradamente el procedimiento de emergencia en la contratación de los servicios en 2017 y en 2018 sin que se cumplieran los motivos recogidos legalmente, junto con el hecho de que se incluyeron modificaciones del régimen económico que comportaron una alteración significativa de los contratos originales.
En concreto, el número de expedientes de acogida a niños y adolescentes abiertos por la DGAIA fue de 6.927 en el ejercicio de 2016; 7.449 en 2017; 9.590 en 2018; 9.387 en 2019 y 7.893 en el ejercicio 2020. De hecho, los expedientes se gestionaron un importe total de 944,46 millones de euros, de los cuales 788,75 correspondían a centros gestionados por la DGAIA y 155,71 M € por el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona (CSSBcn). Con todo, el informe asegura que el gasto reconocido por la DGAIA fue superior al gasto contratado en 774.283 € en el ejercicio 2016; en 5,26 M € en 2017 y en 11,80 en 2018. Una sobrefacturación que "no tenía cobertura legal para el reconocimiento del gasto".