El conseller Giró califica la decisión del Tribunal de Cuentas de no aprobar los avales del Institut Català de Finances para cubrir las fianzas de los ex altos cargos de la Generalitat investigados por la acción exterior, de "acto de venganza" para poder "arruinar la vida de los servidores públicos". Yendo más allá, el titular de Economía ha asegurado que "estamos ante una decisión política de venganza", considerando que "es un escándalo que esto pase en un país democrático".

Giró cree que el pacto de PP y PSOE para el reparto de las instituciones judiciales ha motivado esta decisión: "Es posible que antes de que sean revocados de su cargo, la gente del Tribunal de Cuentas quiera hacer un acto de venganza", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio. En este sentido, el conseller ha recordado que el Tribunal de Cuentas no es un órgano judicial, sino político, y Giró cree que "cualquier persona que escuche la descripción de los hechos puede sacar la misma conclusión".

 

Derecho legítimo

A pesar de no poder saber si el recurso que presentará a la Generalitat entre hoy, viernes 15, y el próximo lunes, el jefe de Economía ha defendido que "todos los servidores públicos encausados y los que en un futuro lo estarán, merecen que juguemos todas las pelotas de este partido, es lo que estamos haciendo desde un principio: defender el derecho legítimo de los servidores públicos a hacer acción exterior".

Por todo ello, Giró asegura que, con esta decisión, el Tribunal de Cuentas está aplicando una represión sutil, pero efectiva, para conseguir generar "miedo". "Con este informe buscan arruinar la vida alos servidores, pero también enviar un mensaje de miedo" a los servidores públicos actuales o del futuro que hagan una "acción exterior legítima".

Desprecio a las instituciones

Además, quien fue el ideólogo de los avales ha reconocido que no esperaban esta situación tan pronto, pero "tampoco la descartábamos", ya que "supone un desprecio a las instituciones catalanas": al Govern, que aprueba una ley; al Parlament, que la aprobó con solo 19 votos en contra, y al Consell de Garanties, que hizo un informe favorable por unanimidad.

Inmediatamente después de que se conociera la conclusión de este órgano, el conseller Giró ya denunció que su objetivo es "embargar directa y rápidamente a todos los encausados", como indica la resolución, cosa que demuestra que esta es "una decisión política, de venganza." "Si quisiera justicia, no venganza, habría dado un plazo de unas semanas para poder reponer el aval", añadió

En la imagen principal, el conseller Jaume Giró / Jordi Bedamar