Ninguna autocrítica, todo lo contrario. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó este lunes cuál sería la línea del Gobierno en esta cuestión, y así lo ha avalado este martes su portavoz. Isabel Rodríguez ha abrazado la sentencia del Tribunal Supremo y ha señalado que el pronunciamiento "da respuesta" a una de las voluntades del ejecutivo presidido por Pedro Sánchez: "Que no se produzca una despenalización" de los hechos de octubre de 2017. Rodríguez ha hecho una defensa de la desjudicialización de los conflictos políticos, pero, al mismo tiempo, ha defendido que el Estado también tenga "instrumentos jurídicos" para defenderse.
Es decir, que aunque La Moncloa negoció con Esquerra Republicana una reforma del delito de malversación que rebajaba las penas cuando no había enriquecimiento propio —cómo es el caso del referéndum del 2017—, ahora el Gobierno interpreta que el Supremo avala las tesis del ejecutivo de Sánchez. La también ministra de Política Territorial ha evitado pronunciarse sobre uno de los varapalos del Supremo al Gobierno: asegurar que los hechos del 1-O no tienen cabida en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados y advertir que en un futuro pueden quedar impunes nuevos procesos independentistas que no vayan acompañados de una violencia "preordenada".
"Lo importante y fundamental es que afortunadamente, y gracias al diálogo, hemos conseguido llevar al terreno de la convivencia aquello que antes era un conflicto político", ha afirmado Rodríguez para dar por cerrado el tema de la sentencia del Supremo. Ha reiterado la voluntad del Gobierno de armonizar el Código Penal con el del resto de estados europeos, así como los pasos dados hasta ahora para abordar el conflicto político con Catalunya.
María Jesús Montero celebra la sentencia del Supremo
La valoración del Gobierno sobre esta cuestión ha llegado 24 horas más tarde que la del PSOE. La vicesecretaria general del partido y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, agradeció al Supremo que demostrara que el PP "mentía" cuándo decía que la reforma de la malversación dejaba impunes "delitos tan graves" como los del 1-O.
El líder de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ya ha reaccionado a estas declaraciones. A pesar de haber sido uno de los responsables de la reforma del Código Penal, el jefe de filas republicanas en Madrid ha culpado a la justicia española de querer perseguir el independentismo; y ha restado importancia a las declaraciones de Montero. Según Rufián, no sorprende que "un alto cargo del PSOE no sea independentista". Asimismo, y para defender que Esquerra negociara con el PSOE la reforma, Rufián ha asegurado que la modificación del Código Penal no se hacía "para esta generación, sino para generaciones futuras". "Nunca es inútil hablar, sentarse y negociar", ha reivindicado al diputado republicano.