El Consejo de Ministros acordará este martes remitir un requerimiento de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con aquellas actuaciones que "vulneren o menoscaben" la ley del aborto. Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación y han confirmado algunos ministros del gobierno de PSOE y Podemos, este requerimiento de incompetencia al ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco (PP), en medio de la polémica por las medidas antiaborto anunciadas por Vox, se refiere a cualquier actuación que vulnere los derechos regulados por la ley mencionada.

Una vez enviado, el Gobierno de Castilla y León tiene un plazo de un mes para contestar. El envío de un requerimiento es el paso previo a cualquier conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, tal como establece el artículo 63.2 de la LOTC. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha salido este martes "en defensa de los derechos de las mujeres", en una atención a los medios de comunicación. "Requeriremos a la Junta de Castilla y León para que en caso de que no den una respuesta satisfactoria a este nuevo requerimiento, podamos iniciar acciones legales ante el Constitucional", ha añadido.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha estado este martes entrevistada en TV3, donde ha tildado la decisión de enviar un requerimiento de "importante". "No consentiremos cualquier duda respecto de los derechos fundamentales de las mujeres", ha afirmado, además de considerar que es "vergonzoso" que una administración pueda atentar contra las mujeres" o "tutelar sus derechos". "La Junta nos tiene que decir de manera formal y oficial qué ha hecho, y tiene que retirar cualquier decisión que haya podido tomar sobre esta cuestión", ha sentenciado.

Este requerimiento aprobado por el Consejo de Ministros, sin embargo, llega justo después de que el PP haya decidido hacer marcha atrás en el conflicto antiabortista. Fue el mismo presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien negó que su ejecutivo acabe modificando la legislación en torno al aborto. Desmintió que a partir de ahora se obligue "a nada" a médicos y pacientes, y que serán las mujeres las que escojan si quieren más información sobre la interrupción de su embarazo.

Asimismo, admitió que escuchar el latido del corazón de un feto antes de abortar se puede interpretar como una "coacción". "La Junta de Castilla y León ni promoverá ni amparará" estas obligaciones a las mujeres, dejó bien claro. De hecho, este martes han aparecido informaciones que apuntan que este fin de semana pasado la cúpula del PP habría presionado Mañueco para que rectificara y no se terminara a las exigencias de Vox, y dejara estar el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Hay que señalar que este lunes el portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, esquivó las preguntas sobre si la decisión del gobierno castellano de hacer marcha atrás había sido propia o por presiones de Génova.