El Gobierno para los pies a la Junta de Castilla y León en sus pretensiones de introducir medidas "pro vida", como hacer que las mujeres que quieren abortar tengan que oír el latido fetal o ver una ecografía 4D. El Ministerio de Sanidad ha hecho un requerimiento oficial a la consejería de Sanidad de la autonomía este domingo, en el cual le ha advertido que "se abstenga de aprobar o aplicar ninguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo", según ha informado en un comunicado. El gobierno de Pedro Sánchez ha avisado de que "utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo". En caso de que el gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco no cumpla con el requerimiento, desde el gobierno aseguran que valorarán "implementar actuaciones jurídicas adicionales".
En respuesta a esto, la Junta de Castilla y León ha asegurado que no descarta implementar "acciones judiciales" ante los requerimientos del Gobierno central. En un comunicado, el Gobierno autonómico ha recordado que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre "sobre tres premisas". "En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios". En este sentido, el Ejecutivo autonómico "garantizará la libertad y voluntariedad" para las mujeres embarazadas que lo requieran y, "por supuesto", se asegurará la aplicación bajo el "estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas". Con todo, advierten de que utilizará "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres".
La polémica empezó este jueves cuando el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el ultraderechista Juan García-Gallardo aseguró que Partido Popular y Vox habían pactado modificar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas. Las nuevas medidas, que incluían un "protocolo de latido fetal" y una ecografía adicional entre la sexta y la novena semana de embarazo para que las mujeres "se vinculen emocionalmente al bebé", entrarían en funcionamiento este mismo lunes 16 de enero. Ante la avalancha de críticas que llegaron desde varios sectores, el PP intentó desmarcarse del anuncio de García-Gallardo y aseguró que "todo seguiría igual". Sin embargo, el consejero de Sanidad, el popular Alejandro Vázquez, confirmó el viernes a EFE que "sí que habría algunos cambios" pero que las medidas serían "voluntarias".
Aunque estas medidas puedan ser "voluntarias", las voces críticas apuntaron que el ofrecimiento en sí ya es problemático. Planificación Familiar definió el nuevo protocolo como una "coacción", tanto para las mujeres como para los profesionales sanitarios, además de una forma de "infantilizar y menospreciar a las mujeres".
El Gobierno exige a Castilla y León que no aplique las medidas
El Gobierno ha reaccionado este domingo y ha asegurado en el comunicado que "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a los derechos fundamentales" de las mujeres en "ningún territorio del Estado ni por parte de ninguna administración pública". Ante la duda sobre si realmente ya se han aprobado los nuevos protocolos o no, ha pedido, en primer lugar, que en caso de que no se haya aprobado, se abstengan de hacerlo. En caso de que ya se hayan adoptado las nuevas medidas, el gobierno de Sánchez ha reclamado su "cese inmediato".
Además, ha dejado bien claro que se trata de "pruebas no necesarias desde el punto de vista médico" y ha exigido que no se lleven a cabo procedimientos que "contravengan el conocimiento científico y las recomendaciones de las guías de salud nacionales e internacionales avalados por las sociedades científicas". Finalmente, ha avisado de que "estudiará si es necesario tomar otras acciones legales", en tanto que el anuncio de la Junta de Castilla y León podría suponer una extralimitación de sus competencias y una vulneración de los derechos fundamentales.