El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia ante la Violencia, según ha anunciado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados. Según Iglesias, será una ley fundamental para proteger los derechos de los menores en el Estado. La ley recoge una de las reivindicaciones históricas de los colectivos de víctimas de abusos sexuales, que es que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empiece a correr hasta que la víctima cumpla 30 años.
Según Iglesias la aprobación de la ley es un "paso histórico" para que las generaciones actuales y futuras de niños y niñas y adolescentes "puedan crecer libres de violencia". Con esta normativa, según el Gobierno, el Estado adopta los estándares internacionales más exigentes con respecto a la protección de la infancia. "Es una de las mayores garantías de igualdad de oportunidades para los niños y adolescentes en España", ha apuntado.
El ejecutivo apunta que la ley no sólo contribuirá a frenar la reproducción del maltrato y la violencia contra menores, sino que ayudará a prevenir muchas de las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que sufren los que son objeto. Se trata, asegura, de "revertir la invisibilización de este tipo de situaciones que se encuentra muchas veces detrás de su propia reproducción".
Entre otros, la ley establece el deber de todos los ciudadanos de denunciar de manera inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores, y crea la nueva figura del "coordinador de bienestar y protección" a las escuelas e institutos. Establecerá protocolos de actuación delante de los indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.
Además, la ley creará unidades especializadas a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y establece que se dará formación especializada a jueces y fiscales. También establece protocolos de prevención obligatorios en los centros de menores, con planes específicos de prevención y detección avanzada ante posibles casos de trata de menores con finalidades de explotación sexual.
La Ley también creará un Registro Central de la Información sobre la violencia contra la infancia, y establece por primera vez que los delitos graves contra menores no empezarán a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años.